La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos acordó pagar 45 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en la que fue acusada de marginar a empleadas embarazadas, informaron los abogados de las demandantes.
El acuerdo alcanzado en la querella, entablada en 2016 por unas mil empleadas, establece además que la agencia federal deberá aplicar reformas radicales para eliminar “prácticas discriminatorias de larga data”, según la firma legal Cohen Milstein, representantes de las empleadas.
La demanda colectiva, presentada primero ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de Estados Unidos, la cual deberá aprobar los términos del acuerdo, acusaba a CBP de prácticas rutinarias a través de las cuales colocaba a oficiales y especialistas en agricultura en tareas livianas a causa de su embarazo.
Lo anterior, defienden los abogados, privaba a estas trabajadoras de la oportunidad de permanecer en sus puestos habituales, y de obtener ingresos por horas extras o turnos nocturnos, lo cual va en contra de la Ley de Discriminación por Embarazo.
De igual modo, las oficiales embarazadas en licencia debían de entregar de inmediato sus armas de fuego y luego eran obligadas a volver a calificar para portar las armas.
Las empleadas demandantes alegaron también que la agencia federal, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), trataba a las embarazadas de manera diferente a todas las demás “discapacidades a corto plazo”.
“Por lo general, a los empleados de CBP que sufrieron lesiones no relacionadas con su trabajo o enfermedad se les dio la opción de solicitar tareas livianas, mientras que a las oficiales embarazadas y especialistas agrícolas se les ordenó realizar tareas livianas temporales”, sin darles ninguna opción, detalló la firma legal.
