La Embajada de Estados Unidos en México negó jueves que la Administración de Andrés Manuel López Obrador haya pedido limitar la cooperación de seguridad tras el arresto de Ismael El Mayo Zambada hace 3 semanas en El Paso, Texas.
“Hemos recibido preguntas sobre una supuesta solicitud del Gobierno de México para limitar o suspender ciertas actividades de aplicación de la ley entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Esto es falso”, señaló en un comunicado el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.
El diplomático se pronunció así horas después de que el presidente López Obrador afirmara durante su conferencia matutina que Estados Unidos solicitó a México cancelar la solicitud de extradición que Washington hizo de Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
Ante los cuestionamientos de la prensa que ha recibido la Embajada, Salazar aseveró que la cooperación entre ambos gobiernos continúa.
“En realidad, continuamos teniendo y esperamos mantener una profunda cooperación con el Gobierno de México bajo el Marco Bicentenario sobre Seguridad. Nuestros pueblos están más seguros como resultado de esta importante cooperación”, dijo.
Y reafirmó la cooperación en materia de seguridad entre ambas naciones.
“De hecho, como informé el viernes pasado en mi conferencia de prensa, los logros en materia de seguridad han sido históricos gracias a la cooperación sin precedentes”, enfatizó.
La detención de Ismael El Mayo Zambada, uno de los miembros fundadores del Cártel de Sinaloa, ha generado controversia entre el gobierno estadounidense y mexicano ante la poca información disponible.
López Obrador ha dudado de que no hayan participado agentes estadounidenses en territorio mexicano, como sostuvo el viernes pasado el embajador de Estados Unidos, quien aseveró que fue una “operación entre cárteles”, y ha pedido avances de la investigación de la captura a la Fiscalía General de la República (FGR).
La detención de Zambada, quien no había pisado la cárcel en sus más de 40 años dedicado al narcotráfico, ha causado un terremoto político en México, que se agudizó con una carta que el capo publicó el sábado, en la que aseveró que el día de su arresto se reuniría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El gobernador, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha negado los señalamientos y ha recibido el respaldo de López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
