El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) presentó el informe “Fue el Estado: 1965-1990” sobre la represión del Gobierno mexicano durante dicho periodo de la “Guerra sucia”, y denunció que las Fuerzas Armadas y de seguridad continúan ocultando información crucial, con el respaldo del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
En contraste con la cifra oficial de 1,500 víctimas de la “Guerra sucia”, periodo de represión del Gobierno contra disidentes, el MEH documentó 8,594 víctimas de 11 violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990, de las que el Estado fue responsable.
Carlos Pérez Ricart, comisionado del referido mecanismo, puntualizó en la presentación del reporte que muchas personas sufrieron múltiples violaciones, aunque sean menores, lo que eleva el número de víctimas a 11,743, pero destacó que son solo los casos con evidencia.
“Ni siquiera pudiendo investigar durante 30 años habríamos podido tener un número que se acercara al número real de víctimas”, apuntó, y agregó que esta cifra no incluye las más de 123 mil víctimas de desplazamiento forzado de las que hay registro.
El informe de más de 4,700 páginas revela que el Estado mexicano utilizó una estrategia sistemática de represión, incluyendo tortura y desapariciones forzadas, y que esta violencia ha persistido bajo el pretexto de la guerra contra las drogas.
La evidencia generada por el mecanismo de la Comisión de la Verdad, creada por López Obrador, mediante más de mil testimonios y 90 archivos abiertos, muestra que estas prácticas continúan, como prueba la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
“Fue el Estado. Lo decimos porque los hallazgos de la investigación de esclarecimiento histórico así lo corroboran, con la misma contundencia con la que se ha demostrado, también, que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hace casi una década”, señala un fragmento del informe leído por Pérez Ricart.
Advierten de pactos de encubrimiento
En particular, el comisionado David Fernández alertó de que instituciones como el Ejército siguen protegiendo información clave que revelaría su responsabilidad en estas violaciones, incumpliendo así mandatos presidenciales que ordenan el acceso irrestricto a los archivos militares.
“El amplio margen de acción del Ejército después de 1990 es un factor de persistencia hoy de inercias institucionales que mantienen la impunidad, es decir, hay pactos de encubrimiento”, afirmó el activista.
Asimismo, señaló que “el informe da fe de la negación y el ocultamiento de información en archivo militares y de inteligencia a pesar del mandato presidencial, que es también otro factor importante de persistencia”.
Fernández añadió que tampoco pudieron acceder a archivos del Estado Mayor presidencial ni a desclasificar archivos de México en Estados Unidos porque necesitaban “un respaldo de la Presidencia y de la Cancillería que nunca” pudieron conseguir.
Pérez Ricart detalló que en el reporte “Las formas del silencio”, los investigadores del mecanismo documentaron cómo “fueron maltratados en el archivo histórico de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional)”, al punto de que no pudieron continuar el esclarecimiento histórico.
Por ello, aseguró que “es falso que Sedena haya abierto sus archivos”, como ha sostenido López Obrador.
“Fuimos una comisión presidencial sin el apoyo presidencial para acceder a los archivos. Las cosas como son”, denunció.
El comisionado agregó que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI) purgó y sacó documentos del Archivo General de la Nación antes de 2018, lo que calificó como un “saqueo a la historia de México”.
“Es falso que se hayan dado los archivos de inteligencia al Archivo General de la Nación, contra lo que aseguró en su momento el presidente de la república y aquí está la evidencia al respecto”, sostuvo.
Entre otras de las 142 recomendaciones a 22 autoridades, los autores urgieron a la presidencia “conformar una Comisión de la Verdad que conozca de aquellas graves violaciones a los derechos humanos perpetradas de 1990 en adelante”.
A la presentación del informe en el Centro Cultural Tlatelolco asistieron sobrevivientes y sus familiares, como Irma Pineda, Alicia de los Ríos, Denisse Valverde y Tita Radilla.
“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “Estado asesino, que entreguen los archivos”, resonó en el auditorio tras un minuto de silencio por las víctimas.
