El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ordenó este lunes dejar sin efecto todo lo actuado referido al delito de obstrucción a la justicia en el juicio por lavado de activos contra la lideresa opositora peruana Keiko Fujimori y unos 40 implicados.
El Poder Judicial confirmó en su cuenta de la red social X que el colegiado dispuso “dejar sin efecto el auto que cita a juicio oral y actos procesales” de este juicio hasta la fecha a favor de Keiko Fujimori y otros por delito de obstrucción a la justicia.
En una audiencia llevada a cabo este lunes, el juzgado debía emitir decisión sobre el pedido del acusado Arsenio Oré, uno de los abogados implicados en el caso abierto contra Fujimori, para excluirlo del delito de obstrucción a la justicia en mérito a una sentencia previa del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la sala ordenó que los procesados como la propia excandidata presidencial y los exintegrantes de sus campañas electorales y asesores partidarios Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Pier Figari y Ana Hertz sigan siendo enjuiciados por lavado de activos y otros delitos.
Además, el juzgado no aceptó el pedido de algunos beneficiados que pidieron también la anulación del delito de organización criminal vinculado a la obstrucción de la justicia, y sus defensas presentaron una reposición a esta decisión, según informó el portal del diario El Comercio.
En una anterior audiencia, Fujimori negó los cargos que le imputa la Fiscalía por lavado de activos, a raíz de los millonarios aportes ilegales recibidos presuntamente en sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Respecto a la versión de los representantes de Odebrecht, de haber aportado ilícitamente a su campaña 1.2 millones de dólares en 2011, Fujimori recordó, en julio pasado, que el dueño de la firma de Brasil, Marcelo Odebrecht, dijo que no la conocía y que el exdirectivo en Perú, Jorge Barata, comentó que “jamás” se había acercado a él.
Por su parte, el fiscal peruano José Domingo Pérez afirmó al inicio del juicio que Fujimori fundó el partido Fuerza Popular no solo con el objetivo de lucrar, sino de lograr la impunidad de sus integrantes, implicados en una organización criminal, al presentar la acusación en el juicio oral contra ella y otras 45 personas y entidades.
En la audiencia, Pérez sustentó la acusación formulada contra Fujimori, por la que pide 30 años de prisión, y también acusó a la cúpula de su partido, al que denominó “organización criminal”, a decenas de colaboradores y a supuestos aportantes a sus campañas para optar la Presidencia de Perú en 2011 y 2016.
