Un juez federal ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador, por tiempo indefinido, dejar de atacar a la aspirante opositora Xóchitl Gálvez, al tiempo que prohibió a las autoridades hacendarias difundir su información fiscal, bancaria o empresarial.
Según publica el periódico Reforma, Martín Santos, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión definitiva en el amparo promovido por Gálvez el 18 de julio, luego de que el presidente exhibió información de sus empresas en la conferencia matutina.
La suspensión definitiva ordena a López Obrador y funcionarios de la Presidencia que “se abstengan de seguir llevando a cabo cualquier manifestación, declaración, comunicado o publicación que aluda a la quejosa en su persona, su situación financiara, fiscal, empresarial, bancaria o cualquier tipo de aspiración política o personal que pudiera tener”.
“Se abstengan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, empresarial y Bancaria de la quejosa, sino es solicitada de acuerdo a la legislación aplicable”, es otro efecto de la suspensión.
También se deben eliminar de todas las plataformas y redes sociales de la Presidencia las declaraciones y comunicados sobre Gálvez, en particular los transmitidos del 3 al 5, el 7 y el 14 de julio.
De acuerdo con información del periódico Reforma, el Gobierno puede impugnar la suspensión definitiva ante un tribunal colegiado, pero estas revisiones toman al menos de 2 a 3 meses, y mientras tanto la orden del juez se tiene que acatar.
Santos ya había otorgado una suspensión provisional con efectos similares el 7 de agosto, misma que estaba a revisión ante el Décimo Noveno Tribunal Colegiado Administrativo.
Este recurso quedará sin materia, pues Santos ya resolvió sobre la suspensión definitiva.
En una carta al juez luego de la suspensión provisional, López Obrador lo acusó de proteger a delincuentes y grupos de interés.
El desacato a una suspensión es un delito que se castiga con 3 a 9 años de cárcel, y es el mismo por el que López Obrador fue desaforado en 2005 cuando era jefe de Gobierno del entonces DF.
Más allá de la suspensión, detalla el diario nacional, en el fondo del amparo el juez deberá resolver si el presidente ha violado derechos humanos de Gálvez con sus declaraciones.
Con información de Reforma
