El presidente Andrés Manuel López Obrador ha revelado el contenido del oficio enviado a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que expresa su preocupación por la “tardanza injustificada” en la resolución de 2 asuntos fiscales relacionados con las empresas de Ricardo Salinas Pliego, que suman un monto de 35 mil millones de pesos.
En el oficio, según publica Reforma, el presidente critica el retraso en el trámite de los Amparos Directos en Revisión números 5654/2024 y 6321/2024, recibidos por la SCJN el 4 y 12 de julio de 2024, respectivamente. López Obrador argumenta que el área de trámite a cargo de la SCJN ha sido omisa en resolver estos asuntos, a pesar de que han pasado más de 16 y 11 años en litigio, respectivamente, y de que se han agotado todas las instancias legales, incluyendo resoluciones favorables de los Tribunales Colegiados de Circuito.
El presidente subrayó que los recursos en cuestión corresponden a créditos a favor del Fisco Federal por omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales 2008 y 2013. López Obrador afirmó que la falta de resolución representa un “indebido abuso de los aletargados procesos” de los órganos encargados de impartir justicia, violando el mandato constitucional de ser prontos y expeditos.
López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica para que enviaran el oficio a la presidenta de la SCJN, expresando su preocupación por la falta de trámite desde la recepción de los amparos. En su conferencia matutina, refiere Reforma, el presidente enfatizó la necesidad de una pronta resolución y acusó a la Corte de caer en conductas dilatorias que podrían ser interpretadas como una protección ilegal a la defraudación fiscal.
“Es imperioso señalar que la conducta dilatoria en la que incurre el área de trámite a cargo de su Presidencia, al no emitir pronunciamiento respecto de los asuntos citados, constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal”, afirmó el mandatario. López Obrador también recordó que los asuntos fueron tratados previamente por un ministro de la Corte, quien ha tenido en su poder el proyecto y expediente original por más de 8 meses antes de que fueran remitidos al tribunal colegiado de origen.
Con información de Reforma
