Las magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Leticia Chávez Ponce, María Luisa Ruiz Corona, Bernardo Salazar Santana, Miguel García de la Mora y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, manifestaron “una profunda preocupación y oposición” a la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial.
Entrevistados para conocer su postura, los magistrados afirmaron que “las consecuencias de esta reforma serían perjudiciales, pues comprometería la imparcialidad de las decisiones judiciales, incrementaría la politización de la justicia y se perdería la confianza pública en un sistema que debe ser independiente y justo”.
Afirmaron que “la disrupción en la administración de justicia afectaría directamente a los ciudadanos que dependen de un sistema judicial justo y eficiente”.
Las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado expresaron su preocupación por la elección popular de jueces y magistrados, ya que este mecanismo introduce la política en la justicia, comprometiendo la imparcialidad y objetividad de las y los jueces, “quienes se verían influenciados por el populismo y las presiones políticas.
Sergio Marcelino Bravo Sandoval indicó que “necesitamos jueces expertos en la ley, no sujetos a los caprichos del electorado”, destacando que “la imparcialidad judicial es esencial para la confianza del público en el sistema judicial”. Además, señaló que “la necesidad de campañas electorales generaría compromisos con grupos de interés, afectando las decisiones judiciales y disuadiendo a jueces calificados de postularse”.
Asimismo, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado destacaron que la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y la resolución de todos los asuntos en pleno resultaría en una sobrecarga insostenible. “Esto afectaría la eficiencia y calidad de la justicia, generando retrasos y afectando los derechos de los ciudadanos”, y añadieron que “casos importantes podrían sufrir debido a un tribunal sobrecargado y atrasado, minando la confianza en el sistema judicial”.
La reforma también propone reducir la duración del encargo de los ministros de 15 a 12 años y reintroducir la reelección, lo que “introduce inestabilidad y vincula el mandato a ciclos políticos, lo cual es contrario a la independencia judicial”. Según las y los magistrados, “la posibilidad de reelección podría generar dependencia de los jueces respecto a actores políticos, afectando su imparcialidad”.
El magistrado Sergio Marcelino Bravo también expresó su preocupación respecto a la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades para investigar y sancionar a los jueces, argumentando que “ese tribunal podría ser utilizado como un mecanismo de control político, erosionando la independencia judicial y creando un ambiente de temor e incertidumbre”. Afirmó que las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial deben estar claramente delimitadas para evitar abusos de poder.
En otra parte de la entrevista, las y los magistrados indicaron que la justicia en México enfrenta desafíos significativos; sin embargo, la implementación de esta reforma no resolverá estos problemas, sino que los agravará. Coincidieron en señalar que lo que se necesita es fortalecer la independencia judicial para proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar que todos sean tratados de manera justa ante la ley.
Invitaron a estar atentos y afirmaron que “debemos resistir cualquier intento de politizar la justicia y trabajar juntos para fortalecer la independencia de nuestros jueces y magistrados”. Destacaron que una forma, no la única, de generar un control de calidad en la impartición y administración de justicia es aprobar una ampliación presupuestal destinada al Poder Judicial, permitiendo así aumentar orgánicamente el personal de la Judicatura.
Las magistradas y magistrados, en la entrevista, señalaron que a pesar de haber solicitado al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado un diálogo para discutir la reforma al Poder Judicial, aún no se ha concretado. Indicaron que están convocados para el próximo lunes a la 1 de la tarde para abordar el tema, aunque manifestaron que este diálogo debió haber comenzado hace tiempo.
Antes de concluir, hicieron un llamado a las demás magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a considerar profundamente las implicaciones de la propuesta y a defender la integridad del sistema judicial, solidarizándose desde este momento con el Poder Judicial de la Federación.
