Un juez federal del estado de Texas decidió bloquear un programa del presidente Joe Biden que buscaba regularizar la situación de cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Todo ello después de que el pasado viernes una coalición de 16 estados liderados por republicanos demandara al Gobierno estadounidense para detener el programa Keeping Families Together (Mantener Unidas a las Familias), que abrió sus inscripciones el lunes pasado.
Este plan se apoya en el llamado Parole in place, que otorga un permiso temporal para permanecer en EUA, ofreciendo protección frente a la deportación, así como la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.
Pero lo más importante es que permite a los beneficiados realizar el proceso para obtener una residencia permanente en EUA por estar casado o ser hijastro de un ciudadano estadounidense sin tener que salir del país.
El juez J. Campbell Barker del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió una suspensión administrativa mientras el tribunal considera la denuncia, que estuvo encabezada por el polémico fiscal general de Texas, Ken Paxton.
El juez consideró que la demanda plantea preguntas legítimas sobre la autoridad del poder ejecutivo del Gobierno para eludir al Congreso y establecer políticas de inmigración.
Por lo tanto, tras esta suspensión la administración podrá seguir aceptando solicitudes, pero ya no podrá procesarlas.
Según Paxton, la norma viola la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes de inmigración.
Para poder adherirse al programa, el solicitante debe haber vivido en el país un mínimo de 10 años y estar casado antes del 17 de junio pasado.
La Administración Biden estimó que aproximadamente 500 mil cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50 mil hijastros son elegibles.
Desde que fue anunciado en junio pasado, los sectores ultraconservadores habían amenazado con retarlo en las cortes y han acusado a la Administración demócrata de utilizarlo como parte de la campaña para retener la Presidencia.
Texas ha liderado varias batallas legales contra el Gobierno Biden por temas de inmigración, entre ellas una que solicita poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que favorece a miles de jóvenes “soñadores” desde 2012.
