La American Chamber of Commerce of México (Amcham) y la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) llamaron a evaluar las posibles consecuencias de la implementación de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección de jueces por voto popular.
Esto porque se observan riesgos de independencia, y un potencial retroceso en la profesionalización de la justicia especializada.
Mediante sendos comunicados ambas cámaras hicieron patente la preocupación de la comunidad de negocios e inversionistas de ambos países, sobre la iniciativa para reformar el Poder Judicial y la desaparición de diversos órganos autónomos.
La Amcham indicó que en “toda democracia el camino para fortalecer el Estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido, y si múltiples voces se alzan en coro de advertencias, es prudente prestar atención”.
“Nuestra Cámara ha analizado a fondo la reforma Judicial y ha compartido recomendaciones con el Gobierno actual, el Gobierno de transición, y representantes del Congreso”, apuntó.
Señaló que como empresas invertidas en México y generando millones de empleos por décadas pasadas y futuras “vemos en la reforma al Poder Judicial riesgos en su independencia, y un potencial retraso en la profesionalización de la justicia especializada, incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial y la generación de incertidumbre para la inversión”.
La AmCham coincidió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la visión de una integración México-EUA “que transforme la región en un ejemplo de prosperidad económica. Esta visión requiere certeza jurídica, transparencia judicial y claridad en la aplicación de las leyes”.
Recordó que México “es un país que favorece la inversión y el crecimiento de las empresas. Ante esta preocupación manifestada por el sector privado, hacemos un llamado a continuar el diálogo para evaluar cuidadosamente las potenciales consecuencias de esta reforma.
En tanto, la CanCham apuntó que “las referidas reformas pueden tener implicaciones negativas sobre la certidumbre, transparencia y profesionalismo en el manejo de las materias que dichos entes tienen a su cargo”.
Y reiteró “su más amplia disposición para establecer puentes de diálogo constructivo y propositivo con los actuales representantes y con los designados del Gobierno entrante.
Este lunes, la citada reforma dio el primer paso tras aprobarse por la mayoría oficialista en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Con 22 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 17 en contra de la oposición, la polémica reforma perfila comicios judiciales y una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La iniciativa, propuesta en un paquete de reformas en febrero pasado por López Obrador, busca, entre otras cosas, reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, entre otros puntos.
El oficialismo prevé votar la reforma en el pleno en septiembre, cuando tendrá los 2 tercios del Congreso, necesarios para modificar la Constitución, tras las elecciones del 2 de junio.
