El Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SGTSGE), Martín Flores Castañeda, expresó su confianza en que el régimen de excepción que permite jubilar a magistrados con un sueldo de 122 mil pesos mensuales sea impugnado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), así como por trabajadores y las personas que se sientan afectadas.
En una entrevista, Flores Castañeda señaló que la Ley de Pensiones del Estado de Colima establece un tope máximo de 52 mil pesos mensuales para servidores públicos. Sin embargo, advirtió que ese régimen de excepción, creado exclusivamente para la jubilación anticipada de 5 magistrados, le costaría a Colima más de 250 millones de pesos. “Por principio de igualdad, todos cotizan y tienen un tope para su jubilación. Por lo tanto, esta reforma será impugnada. Espero que lo haga la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, así como los trabajadores y muchas otras personas que se sientan afectadas. Además, aquellos que deseen recibir el mismo beneficio podrían ampararse para obtener ese régimen de excepción, lo que le costaría muchísimo dinero a la ciudadanía”, expresó.
El dirigente sindical mencionó que la reforma a la Ley de Pensiones para implementar dicho régimen de excepción costará a los colimenses 5 millones de pesos al año, ya que a cada magistrado se le otorgarían, de aceptar dicho régimen, 70 mil pesos adicionales mensuales, “en lugar de 52 mil, van a recibir 122 mil pesos mensuales, además de 90 días de aguinaldo y otras prestaciones, lo que suma poco más de 5 millones al año”, detalló.
Asimismo, Flores precisó que una pensión, en promedio, tiene una duración de 40 años, ya que es transmisible a los beneficiarios, como la viuda o viudo, a los hijos menores, o hasta los 25 años si están estudiando. Además, si alguno de los hijos tiene alguna discapacidad, recibiría la pensión de por vida.
El dirigente sindical comentó que el monto aproximado de ese régimen de privilegios costará a las finanzas del estado y al pueblo de Colima más de 250 millones de pesos. También criticó la reforma a la Ley de Pensiones del Estado de Colima para crear un régimen de excepción, especialmente en un Gobierno que se precia de ser diferente, austero y honesto, y que afirma no otorgar privilegios.
“La reforma impulsada por la gobernadora Indira Vizcaíno y aprobada por los diputados locales de Morena y sus aliados, es un régimen de privilegios dirigido a 5 magistrados con nombre y apellido, que les otorga un régimen de excepción que los beneficia en exceso, cuando la ley prevé un tope para las pensiones de 16 UMAS, que hoy representan 52 mil pesos mensuales. Lo que exceda de esa cantidad es una desigualdad, ya que se les daría un trato desigual al resto de los trabajadores”, criticó.
Finalmente, cuestionó que el Gobierno del estado no tenga recursos para pagar al Ipecol, pero esté buscando otorgar privilegios a unos cuántos.
César Barrera