El Poder Judicial de Perú ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años que le impuso el Congreso al expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), quien anunció que ahora piensa acudir a instancias constitucionales e internacionales para buscar revertir esa sanción.
La decisión fue tomada, en segunda instancia, por la Primera Sala Constitucional de Lima, que confirmó una sentencia emitida el pasado 8 de marzo por la jueza Rocío Rabines, quien declaró improcedente una demanda de amparo presentada por el exmandatario, según informaron este domingo medios locales.
Vizcarra había pedido que se levante la inhabilitación que le impuso el Congreso en abril de 2021 por su presunta vacunación irregular contra el Covid-19, en octubre de 2020.
El exmandatario señaló en ese momento que se había vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y agraviado su derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política de su país.
Sin embargo, la Sala Constitucional consideró en segunda instancia que no se evidencian actos concretos de afectación de los derechos constitucionales de Vizcarra por parte del Congreso.
La sanción que le impuso el Parlamento le impidió al exmandatario asumir el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación nacional en los comicios de 2021.
Tras conocerse la última resolución, Vizcarra confirmó este domingo en la red social X que piensa acudir ante el Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Por fin, luego de 3 años de paciente espera, el Poder Judicial termina el proceso. Ahora le toca al TC y por último el pronunciamiento de la CIDH”, sostuvo.
En ese sentido, manifestó su certeza de que “las inhabilitaciones serán levantadas por ser de justicia” y podrá postular en las elecciones generales peruanas del 2026.
“No tengan la menor duda”, concluyó.
Otros casos del expresidente
Vizcarra ya ha acudido ante el TC para pedir que se anule otra inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 5 años que le impuso el Congreso en 2022 por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Por este caso, el pasado 27 de junio, la Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso, por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos, en agravio del Estado.
Esta denuncia constitucional, fórmula empleada para altos o exaltos cargos públicos, se hizo por “las declaraciones públicas presentadas por el denunciado en su condición de presidente de la República al momento de asumir el cargo”, en las que supuestamente negó sus vínculos con las empresas Odebrecht y CyM Vizcarra, Ingenieros y Contratistas.
El exmandatario también afrontará desde el próximo 28 de octubre un juicio oral por 2 casos de presunta corrupción cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014, según determinó el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.
Además, el pasado 19 de marzo, el Congreso oficializó una acusación penal en su contra por la comisión de 4 delitos de corrupción, por la presunta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.
