La International Chamber of Commerce (ICC) y su capítulo mexicano pidieron al Congreso “actuar con cautela” en la discusión de este martes de la reforma judicial que propone elegir a jueces por el voto popular ante posibles condenas económicas y el riesgo a la inversión.
“En los términos en que está redactada, podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los tribunales judiciales, lo que tendría graves consecuencias para la inversión nacional y extranjera y, en última instancia, para la economía del país y el pueblo mexicano”, señalaron en un comunicado.
La organización, que representa a 45 millones de empresas, en el Mundo llamó a evitar riesgos que puedan incurrir en violaciones al derecho internacional “y, por ende, posibles condenas económicas contra el país que deberán pagarse con los impuestos de todos los contribuyentes”.
Asimismo, expuso que con el daño que se podría causar a la inversión nacional y extranjera se desaprovecharía el fenómeno de la relocalización de empresas o nearshoring.
“La incertidumbre jurídica que podría derivarse de una politización del Poder Judicial no solo afectaría la confianza de los inversionistas, sino que también generaría un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano”, añadió.
La ICC también solicitó a los congresistas mexicanos a considerar las recomendaciones emitidas por la relatora especial de la ONU Margaret Satterthwaite, quien advirtió de riesgos a la independencia judicial en México por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, exhortó a observar las experiencias internacionales en materia de protección a la inversión extranjera para que las reformas al Poder Judicial no generen incentivos que incrementen los riesgos de violaciones al derecho internacional.
La organización mundial de las empresas señaló que esta propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial “genera incentivos negativos que podrían repercutir en la politización de su función o en la injerencia de terceros”.
“Asimismo, las muy amplias facultades del Tribunal de Disciplina generan incertidumbre jurídica y el riesgo de que, por temor u otras razones, las personas juzgadoras puedan no actuar conforme a su propio y libre criterio al resolver los casos”, añadió.
La propuesta de López Obrador, parte de un paquete de 20 polémicas reformas constitucionales antes de concluir su mandato, está respaldada por la nueva “supermayoría” del oficialismo en ambas cámaras del Congreso, que prevé su discusión y aprobación en la Cámara de Diputados esta martes y miércoles.
Esto ocurre mientras trabajadores y juzgadores del Poder Judicial han levantado un paro de labores por 2 semanas y han intentado bloquear desde las primeras horas de este martes los accesos a la Cámara baja para impedir su discusión y aprobación.
