El Senado aprobó acuerdos para discutir en “fast track” las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la propuesta para elegir jueces por el voto popular, incluso en sedes alternativas.
La decisión impulsada por la mayoría de Morena en la Cámara alta del Congreso permitirá a los senadores comenzar de inmediato la discusión del dictamen que envíe la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial y otras, como la que refiere a la desaparición de órganos autónomos, y que han generado polémica al interior del país y en el extranjero.
Además, los acuerdos alcanzados permitirán que los senadores puedan llevar a cabo su discusión e inminente aprobación en sedes distintas al recinto legislativo de la Cámara alta, ubicado en las principales avenidas de Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México.
“En caso de que se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible el trabajo del Senado de la República en el Salón de Sesiones, el Pleno del Senado de la República autoriza que las sesiones plenarias a celebrarse en el lapso del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, se realicen en sitio diverso al Salón de Sesiones, dentro del recinto del Senado de la República”, se lee en el acuerdo.
Esta determinación ocurre luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon acceso a los congresistas de la Cámara baja para evitar la discusión de la reforma que impulsa elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular y un órgano revisor de los fallos que emitan los juzgadores.
En este sentido, la Comisión de Puntos Constitucionales, que presidirá la actual senadora Ernestina Godoy y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República, será la encargada de comenzar con el análisis de la reforma judicial.
Mientras tanto, los congresistas de Morena en la Cámara de Diputados, que representan la mayoría calificada, de 2 tercios del total de los escaños, ya iniciaron la discusión e inminente aprobación de la reforma judicial presentada por el presidente López Obrador en el Congreso desde el pasado 5 de febrero, sin consensuar con la oposición y los integrantes del PJF.
