Sobrevivientes, madres e hijas de víctimas de feminicidio en México acusaron este martes (3) al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al sistema de justicia de perpetuar la violencia institucional, en medio de la reforma al Poder Judicial impulsada por el oficialismo en el Congreso.
Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, asesinada en 2015, denunció que uno de los feminicidas, Josué Misael Atayde Reyes, recibió una pena mínima por ser menor de edad y quedó en libertad en 2022, amenazando ahora a otro de sus hijos.
Gutiérrez hizo un llamado al Gobierno a reformar el sistema de justicia para eliminar los “privilegios” a los feminicidas menores de edad y, especialmente, “escuchar a las víctimas”.
Paz Rodríguez García, hija de Melesia García, asesinada en 2021 en Milpa Alta, Ciudad de México, denunció que a la fecha no hay detenidos por el feminicidio de su madre, quien fue torturada y violentada sexualmente.
“Exigimos que se reformen las leyes para que los menores de edad que cometan feminicidios sean juzgados como adultos y que los familiares encubridores también sean castigados. No es justo que un menor reciba solo 5 años de prisión mientras nuestras vidas están destrozadas”, afirmó.
Víctimas colaterales del feminicidio
Gutiérrez acusó al Estado mexicano del asesinato de su hijo Daniel en 2020, quien falleció por negligencia en un hospital psiquiátrico de Monterrey, estando bajo medidas de protección.
“A mi hijo lo asesinó el Estado por omisión e indolencia, porque las víctimas no contamos con acceso al sistema de salud en este país (…) Te desplazan y te dicen que es por tu seguridad, te mandan a otro estado, pero te dicen que no puedes acceder al sistema de salud para salvaguardar tu integridad”, expuso.
Advirtió que el desplazamiento, principalmente en las víctimas colaterales del feminicidio, como su hijo Daniel, “es un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado”.
En el aniversario de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), este 3 de septiembre, Gutiérrez lamentó que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asume el poder el 1 de octubre, negara la responsabilidad del Estado mexicano en la muerte de su hijo, y la instó a reconocer a las víctimas colaterales del feminicidio y a garantizar la “no repetición”.
“Una de mis exigencias es dejar de simular y aplicar todos los recursos hacia las comisiones (de víctimas) como se deben, pero sobre todo, a nuestras infancias”, indicó, y denunció que desde enero del año pasado, la Comisión de Víctimas del Estado de México le retiró los apoyos para evitar el “proselitismo” electoral.
Sobrevivientes de feminicidio y violencia vicaria
Fabiola Posadas, sobreviviente de un intento de feminicidio en 2019, denunció la falta de voluntad de las autoridades para prevenir y erradicar la violencia feminicida, donde las sobrevivientes están invisibilizadas.
“Las sobrevivientes no sabemos de Comisiones de Víctimas (…) Nosotras no tenemos apoyos, nosotras no somos vistas, no existimos. Sobrevivimos y ya, hay que seguir”, lamentó.
Además, señaló que mientras todos usan al Poder Judicial como “botín”, nadie menciona la corrupción en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni en las fiscalías, y expresó su preocupación por que una reforma podría empeorar la situación para las víctimas, si la justicia termina en manos de la delincuencia organizada.
Mientras que Ana María López Pérez, mamá de Julianne Zoé Sánchez López, desaparecida hace más de 4 años durante una visita de convivencia con su padre, expresó su desesperación y miedo por la vida de su hija, víctima de violencia vicaria.
“Esto lo he manifestado tanto en el juzgado séptimo de lo familiar, como en la Fiscalía, sin embargo, te contestan: es su papá, no hay delito que perseguir”, denunció la madre que tiene la guarda y custodia de la niña por la violencia ejercida por el padre.
“El hecho de decirme que está con su papá no me da tranquilidad. Las autoridades deben cumplir con su deber y buscar a mi hija”, declaró, mientras mostraba un retrato de Julianne Zoé, quien ahora tendría 8 años y su madre espera que siga viva.
México tendrá a partir del 1 de octubre su primera presidenta, mientras el país afronta una ola de violencia machista con un promedio de 10 mujeres asesinadas al día, al sumar feminicidios y homicidios dolosos.
