Trabajadores judiciales de las distintas regiones de México instalaron un campamento alrededor del Senado en la capital para intentar frenar la reforma que se discutirá tras aprobarse en la Cámara de Diputados, y que busca elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte.
Desde las primeras horas del día, los empleados de la judicatura, así como agrupaciones civiles, trasladaron sus protestas al recinto legislativo donde fue turnada la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Con carpas y bolsas de dormir, cientos de personas comenzaron a llegar desde la madrugada, provenientes de estados como Querétaro, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Estado de México.
Los manifestantes afirmaron que planean quedarse al menos una semana, mientras se discute la iniciativa, que está a solo un voto de aprobarse por la mayoría.
Ana Enriqueta Bustos, secretaria de tribunal en Michoacán, explicó a EFE que llegaron a las 2:00 am al Senado, en respuesta a la convocatoria de los trabajadores de la judicatura “de defender la independencia del Poder Judicial”.
“No nos vamos a ir hasta que los senadores nos escuchen, porque se supone que hubo diálogos (…) pero a la base trabajadora nunca nos han convocado”, afirmó Bustos.
Agregó que no se moverán del campamento, donde pernoctarán, en señal de “resistencia”, y que, si los senadores se mueven a una sede alterna, como hicieron los diputados, trasladarán hacia allá sus protestas.
En otra esquina del Senado, trabajadores judiciales del estado de San Luis Potosí instalaron su campamento alrededor del mediodía para unirse al plantón junto con sus compañeros de los 32 circuitos judiciales del país, indicó a EFE Ulises Camacho, secretario de tribunal en ese estado.
“Finalmente la esperanza es un recurso que muere al último. Confiamos en las senadoras y senadores que conforman los grupos opositores al oficialismo para frenar esta reforma que, estamos convencidos, no resuelve de fondo los grandes problemas que afectan al sistema de administración de Justicia”, declaró Camacho.
