Un juez bloqueó temporalmente la puesta en marcha del último plan de condonación de la deuda estudiantil de la Administración Biden en respuesta a una nueva demanda presentada el martes por 7 fiscales generales de estados liderados por republicanos.
El juez J. Randal Hall del Distrito Sur de Georgia se puso de lado de estos Gobiernos al considerar que evidenciaron una probabilidad de demostrar que el Departamento de Educación de EUA carecía de la autoridad para cancelar préstamos estudiantiles.
Hall, un juez de un distrito en Georgia, emitió una orden de restricción temporal que paraliza la iniciativa, conocida como Plan de Pago para una Educación de Calidad (SAVE, en inglés).
Se trata de una nueva paralización de esta política oficial, que permitiría brindar un alivio total o parcial de la deuda a ciertos tipos de prestatarios, pero que ha enfrentado varias demandas.
El pasado 28 de agosto, el Tribunal Supremo de EUA rechazó permitir al Gobierno reanudar el programa, cuya aplicación fue paralizada en julio por otra corte a petición de varios estados.
SAVE fue bloqueado por el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito a petición de un grupo de estados de mayoría republicana que consideran que la Administración de Joe Biden necesita el permiso del Congreso para autorizar el gasto de hasta 475 mil millones de dólares.
La Oficina de Presupuesto del Congreso ha rebajado la estimación del coste del programa a 230 mil millones en la próxima década, mientras que el Gobierno considera que la cifra será incluso inferior, de 156 mil millones.
La decisión del Supremo, que fue emitida sin voces discordantes entre los 3 jueces progresistas, supone que el programa quedará en suspenso hasta que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito llegue a una decisión sobre su legalidad.
La cancelación de la deuda estudiantil fue una de las principales promesas electorales de Biden en las elecciones de 2020, en las que se enfrentó al exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).
Un plan inicial de alivio financiero fue anulado por la mayoría conservadora del Supremo, que decidió que el Ejecutivo había excedido sus atribuciones al establecer la cancelación de unos 400 mil millones en deuda estudiantil a unos 43 millones de personas.
En respuesta a la decisión de los 6 magistrados conservadores de la máxima corte, el Gobierno de Biden presentó a finales de 2023 una nueva versión, el plan SAVE, que rebaja los pagos mensuales y acelera la cancelación de los préstamos.
