Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron, aunque con decisión dividida, mantener la suspensión de actividades que empezaron el pasado martes, uniéndose así a los trabajadores del Poder Judicial que suman casi 3 semanas en paro contra la reforma judicial.
“Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que continuará la suspensión de actividades en este Alto Tribunal, manteniendo las guardias necesarias, sin que corran plazos hasta el jueves 12 de septiembre del año en curso”, informó la SCJN en un comunicado.
En sesión privada, 8 ministros votaron a favor del paro de labores, mientras que Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, 2 de las ministras que apoyan abiertamente al oficialismo, votaron en contra, y Lenia Batres, también afín al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se abstuvo.
“Se declaró que las Salas deberán acordar si celebran sesión a distancia. Asimismo, se dará tramitación de los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia”, apuntó el Supremo.
Asimismo, dijo que será el próximo 12 de septiembre, un día después de que se prevé que el Senado mexicano vote la iniciativa, cuando el Pleno valore si la situación prevalece y determine las medidas conducentes.
El paro de labores de trabajadores del Poder Judicial se ha prolongado ya por más de 2 semanas, en protesta a la inminente aprobación de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue avalada la semana pasada por el Congreso mexicano y será votada este miércoles en el Senado.
El dictamen, propuesto en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avaló entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de 2 elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.
También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.
Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por 2 instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
Aunado a las protestas, la reforma ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales como la International Chamber of Commerce; calificadoras como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros.
Así como de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.
