Senadores en México denunciaron amenazas e intimidaciones del oficialismo, incluyendo de las fiscalías, para que legisladores aprueben la polémica reforma judicial y para cuya aprobación falta un voto.
Los legisladores del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la mayor fuerza opositora, advirtieron de que han perdido contacto con el senador Miguel Ángel Yunes, quien representa al estado de Veracruz, donde la prensa informa de un posible acuerdo con el Gobierno para evitar que su familia afronte cargos por corrupción.
Aunque no confirmó el acuerdo, la secretaria general del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, aseguró en una entrevista con la periodista Adela Micha que “casi es un hecho” que Yunes apoyará la reforma para elegir por voto popular a los jueces, magistrados y a la Suprema Corte.
Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) tienen 85 de los 128 escaños en el Senado, por lo que necesitan un voto más para conseguir la mayoría calificada, de 2 tercios, requerida para modificar la Constitución, como planean este martes y miércoles.
Ante los hechos, los compañeros de Yunes, quien afronta acusaciones formales de corrupción y enriquecimiento ilícito, le pidieron sobreponerse a “las amenazas” de Morena.
“Yo estoy furiosa, la patria es primero”, expresó a los medios la senadora Lilly Téllez, del PAN.
Por otro lado, el opositor Movimiento Ciudadano (MC) denunció que, en Campeche, a cargo de la gobernadora Layda Sansores de Morena, detuvieron al padre del senador Daniel Barreda, quien ha anunciado su voto contra la reforma judicial.
“También detuvieron a Paul Arce, coordinador de nuestra bancada en Campeche, en la escuela de sus hijos. Esto ya es una locura. La discusión de la reforma judicial debe suspenderse”, expuso en sus redes sociales Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de MC en la pasada elección.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca que el Senado apruebe esta reforma, ya avalada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado, antes de entregar el cargo el 1 de octubre a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum.
De avalarse la reforma, México tendría elecciones populares a partir de 2025 para elegir a todos los jueces, magistrados y a la Suprema Corte, lo que ha desatado críticas de la ONU, asociaciones como Human Rights Watch, organizaciones internacionales de abogados y los socios del tratado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá.
