La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) denunció ante la ONU que la reforma judicial es regresiva y sólo pretende concentrar los 3 poderes de la Unión en una sola persona.
Según publica Reforma en su edición digital, al iniciar la 57 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, la Juez federal Abigail Ocampo Álvarez, directora Nacional de Atención a Juzgados Especializados de Jufed, expuso que la iniciativa presidencial viola los derechos humanos de los impartidores de justicia.
“Hoy le digo al mundo: esta reforma al Poder Judicial de México es regresiva, sobre las condiciones de vida y sobre los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales en la vida de las personas juzgadores y la única finalidad que tiene es concentrar los tres poderes de la Unión en una sola persona”, dijo durante su intervención.
“Esta reforma al Poder Judicial de México, propuesta por el Presidente de la República y avalada por una mayoría parlamentaria… tiene múltiples afectaciones y violaciones a sus derechos humanos de corte regresivo entre las cuales destacan a la independencia judicial, pues la elección popular de jueces puede aumentar el riesgo de los candidatos, personas juzgadoras, a que busquen complacer a quienes los proponen, a sus patrocinadores de campaña, entre ellos al crimen organizado, o a los propios votantes, lo que implica emitir resoluciones violando la independencia y la imparcialidad”.
Ocampo Álvarez, precisó Reforma, expresó que desde el 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado en sus conferencias matutinas y redes sociales a realizar ataques mediáticos, demostraciones, intimidación directas e insinuaciones de ilicitud de los fallos de los juzgadores federales.
Dijo que estrategia mediática “se traduce en tratos humillantes”, altera el estado de ánimo, genera ansiedad, aflicción e inestabilidad emocional en los impartidores de justicia, y una afectación a la salud mental que compromete la independencia de los juzgadores para resolver sus expedientes.
De acuerdo con la jueza Abigail Ocampo Álvarez, la reforma también causa una afectación a los proyectos de vida y las familias de los impartidores de justicia, porque propone cesar a 1,600 juzgadores federales y no les permite ejercer la abogacía durante 2 años, en violación al derecho humano al trabajo y la dignidad humana.
El cese, agregó, desconoce derechos laborales adquiridos, como la carrera judicial, salarios, prestaciones accesorias y seguridad social, al tratarse de un despido injustificado.
“Las familias de todos los jueces son víctimas indirectas de dicha reforma, primero, por los ataques mediáticos que se hacen públicos y, segundo, pues al perder su trabajo implica la violación de derechos humanos de los integrantes de su familia, tales como la educación, salud, vivienda, patrimonio, recreación, seguridad, entre otros, pues la remuneración que reciben por ese trabajo como defensores de derechos humanos es el principal medio de manutención de ellos y de su familia, por lo que es lógico que la reforma atenta también contra la estabilidad económica familiar”, dijo.
Agregó que otro de los daños es a la seguridad social y el derecho a la jubilación, porque los miembros del PJF perderán todas las prestaciones de salud al ser cesados y se desconocen los años trabajados, ya que sólo se propone una indemnización mínima.
“Además, también se afecta todas las personas jubiladas, porque existiría una reducción en la pensión de la cual gozan actualmente”, agregó Ocampo.
Con información de Reforma
