La violencia homicida contra personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBTI) en América Latina y el Caribe ha experimentado un preocupante aumento del 5.5% en 2023, según un informe regional de la Red Sin Violencia hecho público este miércoles.
A pesar de que algunos países de la región han visto reducciones generales en sus tasas de homicidios, las cifras de agresiones letales contra personas LGBTI sigue en niveles alarmantes, con graves aumentos en Ecuador, Perú y Guatemala, detalla el documento de esta ONG, que agrupa a 10 organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGTBI en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.
En 2023, un total de 364 personas LGBTI fueron asesinadas en 10 países de América Latina y el Caribe, lo que representa un 5.5% más con respecto al año anterior. Los incrementos más grandes se registraron en Ecuador, con un alarmante aumento del 144.4% en los homicidios de personas LGTBI en comparación con 2022, seguido por Perú (63.6%) y Guatemala (34.5%).
La subida en estos países contrasta con los descensos registrados en lugares como México y República Dominicana, que vieron una reducción en sus cifras, aunque no se dispone de información suficiente para determinar si esos datos se deben a una disminución real de la violencia o a una mayor invisibilización de los casos.
Contexto de violencia en la región
América Latina ha mantenido altas tasas de violencia generalizada durante la última década, y el crimen organizado es identificado como uno de los principales responsables de estos homicidios.
En 2023, la tasa de homicidios en algunos países se redujo considerablemente, como en El Salvador, Honduras, Perú y República Dominicana, mientras que en otros, como Colombia, Guatemala y México, la disminución fue más modesta.
Sin embargo, la violencia sigue afectando especialmente a personas LGTBI, quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a su orientación sexual o identidad de género.
El crimen organizado, la proliferación de armas de fuego y la debilidad de los sistemas de justicia en varios países son factores que contribuyen a la violencia generalizada en la región. En el caso de las personas LGTBI, esto se ve exacerbado por el prejuicio y la discriminación, que continúan siendo impulsados por discursos de odio y políticas regresivas en algunos países, indica el informe de la Red Sin Violencia.
Mujeres trans, las principales víctimas
De acuerdo con el informe, las mujeres trans continúan siendo las principales víctimas de la violencia homicida en la región. En países como Ecuador, Perú y México, las mujeres trans representaron una proporción significativa de las víctimas.
En Ecuador, por ejemplo, el 81.8% de las personas LGTBI asesinadas en 2023 eran mujeres trans. Esta violencia está relacionada, en muchos casos, con la participación forzada de estas mujeres en actividades criminales, así como con su vulnerabilidad socioeconómica, lo que las convierte en blanco fácil de extorsiones y asesinatos.
En contraste, los hombres cisgénero gais y bisexuales fueron las principales víctimas en países como El Salvador, Guatemala y Colombia. Estos casos suelen estar relacionados con robos y ataques en domicilios, lo que sugiere que los agresores seleccionan a sus víctimas debido a su identidad de género u orientación sexual, combinando el prejuicio con un interés económico.
Efectos en la democracia y participación política
La violencia contra personas LGTBI no solo afecta a nivel individual, sino que también tiene un impacto colectivo, desmantelando vínculos comunitarios y limitando la participación política y social de estas personas.
En varios países de la región, los defensores de derechos humanos LGTBI enfrentan amenazas y ataques, lo que desincentiva la defensa de derechos y la construcción de una democracia participativa.
En Guatemala, Honduras y El Salvador, la falta de medidas de protección ha llevado a un clima de constante riesgo para la vida e integridad de las personas LGTBI defensoras de derechos humanos.
El informe de la Red Sin Violencia también evidencia que los periodos electorales en la región han intensificado los discursos de odio y discriminación, dejando un mensaje social que refuerza la exclusión de estas personas.
Políticas de “mano dura” y militarización
La adopción de políticas de “mano dura” por parte de algunos Gobiernos, como los de El Salvador, Ecuador y Honduras, también representa un riesgo para los derechos humanos de las personas LGTBI. Estas políticas, que han sido promovidas como soluciones rápidas a la inseguridad, han llevado a un aumento en las detenciones arbitrarias y abusos de poder, generando así un ambiente de temor generalizado y facilitando la impunidad.
A pesar de la disminución en las tasas generales de homicidios en países como El Salvador, el informe cuestiona la veracidad de las cifras oficiales y advierte sobre las consecuencias de la militarización de la seguridad ciudadana, que podría exacerbar la violencia contra las personas LGTBI y otras poblaciones vulnerables.
El impacto de los fundamentalismos religiosos
En algunos países, los grupos fundamentalistas religiosos han aprovechado la crisis social y política para estigmatizar aún más a las personas LGTBI.
En Honduras, estos grupos han instrumentalizado la situación para afianzar su influencia y promover una agenda antigénero, mientras que en Perú, han incrementado su presencia en el Congreso, promoviendo alianzas con sectores de ultraderecha que se oponen al reconocimiento de los derechos LGTBI.
La violencia homicida contra personas LGTBI en América Latina y el Caribe sigue siendo una grave preocupación, y a pesar de algunos avances en la región, el prejuicio, la discriminación y la impunidad continúan alimentando esta violencia, que afecta tanto a nivel individual como colectivo, concluye el informe.
