El Gobierno de Australia anunció que despojó de sus condecoraciones y honores a varios altos mandos militares, en servicio y en retiro, por los supuestos crímenes de guerra perpetrados bajo su mando durante el despliegue de las tropas australianas en Afganistán.
La medida afecta a “un pequeño número de personas que ocuparon puestos de mando durante el período en el que la investigación encontró pruebas de conducta ilegal”, según explicó el ministro australiano de Defensa, Richard Marles, en un comunicado.
El ministro acotó más tarde a periodistas en Camberra que el despojo de las medallas no supone “una acusación de infracción”.
Marles se negó a revelar el número de comandantes afectados, así como de los detalles de las identidades y cargos de las personas afectadas, argumentando razones legales referidas al derecho a la intimidad, aunque los medios australianos apuntan a que ronda la decena.
La decisión se enmarca en la conclusión del Gobierno australiano de su respuesta a 139 de las 143 recomendaciones del informe final de la Inspectoría General de las Fuerzas de la Defensa Australiana, publicado en noviembre de 2020.
Esta investigación relacionada a uno de los capítulos más oscuros de la historia australiana se emprendió poco después de que los medios del país denunciaran supuestos crímenes de guerra perpetrados por miembros del Grupo Especial de Operaciones en Afganistán entre 2005 y 2016.
El llamando “Informe Brereton” recomendó que se investigara a 19 soldados implicados en 23 incidentes, que incluyeron ejecuciones extrajudiciales encubiertas, cometidos por los soldados de élite australianos, que resultaron en el asesinato de 39 civiles y prisioneros afganos, así como el trato cruel de otros 2.
Ninguno de estos incidentes se produjo “bajo la presión del combate” y muchos de los formaron parte de rituales de iniciación de nuevos soldados, de acuerdo a este documento de 465 páginas y con varias secciones censuradas por razones legales.
El “Informe Brereton” también apuntó que los soldados de bajo rango sufrieron en algunos casos intimidaciones o descrédito para impedir que denunciaran los crímenes y veían a los comandantes de sus patrullas, generalmente sargentos o cabos, como una especie de semidioses.
Asimismo, Marles indicó que el Gobierno diseñó un plan, cuyo reglamento entró en vigor en julio pasado, para el pago de indemnizaciones a las víctimas y sus familias, según las 15 recomendaciones sobre este asunto.
El Gobierno australiano aún tiene que dar respuesta a 4 recomendaciones, que están relacionadas a la investigación y el enjuiciamiento de los acusados en el país para determinar sus responsabilidades, un proceso que podría tomar años.
