El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, alertó contra el aumento de los ataques y teorías de la conspiración contra funcionarios del Departamento de Justicia, en un intento de acallar las críticas desatadas por figuras como Donald Trump, quien acusa frecuentemente al Gobierno de Joe Biden de instrumentalizar la justicia en su contra.
“Ha habido una escalada de ataques contra los abogados de carrera, agentes y otro personal del Departamento de Justicia que van mucho más allá del escrutinio, la crítica y la supervisión legítima y necesaria de nuestro trabajo”, afirmó en una rueda de prensa.
Son ataques que han llegado en forma “de teorías conspirativas, falsedades peligrosas, esfuerzos para acosar e intimidar a los funcionarios públicos señalándolos repetidamente y públicamente, así como amenazas de violencia real”, agregó.
Estos funcionarios, añadió, a través de su trabajo “han dejado en claro que el Departamento de Justicia no se dejará intimidar por estos ataques”, pero “es peligroso e indignante que tengan que soportarlos”. Garland no hizo referencia a los autores de estos ataques.
La campaña de Trump respondió al fiscal en un comunicado en el que lo acusó de tener “una conducta vergonzosa” y de haber causado “Un tremendo daño a una institución que en el pasado fue grandiosa”.
Steven Cheung, portavoz del republicano, acusó además a la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, Kamala Harris, de haber utilizado el Departamento de Justicia “como arma para atacar a su oponente político, el presidente Trump, en una cacería de brujas inconstitucional y sin precedentes”.
En marzo de 2023, Trump se convirtió en el primer expresidente estadounidense imputado por un delito penal y en mayo de 2024 en el primero en ser condenado. Un jurado de Nueva York lo declaró culpable de 34 cargos por falsificar registros comerciales para encubrir el pago a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña de 2016.
Afronta otros dos casos penales: uno en Washington D.C. por sus esfuerzos para revertir su derrota frente a Biden en las elecciones de noviembre de 2020 e instigar el asalto al Capitolio de enero de 2021; y otro en Georgia por injerencia electoral en ese estado.
Tras las imputaciones, el expresidente y candidato republicano a la Presidencia se presentó a sí mismo como una víctima política y acusó al Gobierno de utilizar la justicia en su contra, unos alegatos que no ha podido demostrar y que no han ido más allá de las palabras.
