La Cámara de Diputados comenzó este jueves la discusión de la reforma del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional y modificar las tareas de los militares en tiempos de paz.
La iniciativa de López Obrador busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120 mil elementos que López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.
Con ello, la Sedena va a “ejecutar la estrategia de seguridad pública”, indicó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Por otra parte, faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública”, expuso al comienzo de la discusión.
Legisladores de oposición advirtieron de una “militarización” de todos los ámbitos del país con esta reforma constitucional porque modifica el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.
Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
La diputada Laura Ballesteros, del opositor Movimiento Ciudadano (MC), consideró que “México quiere paz y justicia”, pero “no quiere militarismo”.
“Como nuestra Constitución protege el gobierno democrático, liderado por civiles, ahora intentan tocar la Constitución para militarizar todos los ámbitos de la vida pública, como infraestructura, energía, aeropuertos, salud, educación y, por supuesto, seguridad”, denunció en el pleno.
En tanto, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) criticó que López Obrador y Morena se oponían a la militarización en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Las tareas de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.
La Suprema Corte declaró inconstitucional en 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”.
Pero desde el 1 de septiembre, la alianza de partidos de López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene el control de más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la carta magna.
