El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Ramírez, informó que se encuentran abiertos expedientes de quejas presentadas por custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, quienes solicitan la homologación de sus salarios y el pago de retroactivos.
Ramírez aclaró que no existe ningún expediente ni queja presentada por los custodios en relación con sentirse desplazados en sus funciones por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Sin embargo, explicó que sí se han registrado quejas donde los custodios demandan mejores condiciones laborales, así como la homologación de sueldos y el pago de retroactivos. “Existen expedientes en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima relacionados con la homologación salarial y el pago de retroactivos. También solicitan que las condiciones laborales se ajusten a estándares de mayor dignidad, en atención a la persona”, comentó Ramírez.
El titular de la CDHEC también señaló que se realiza, al menos, una revisión general a la semana en los Ceresos del estado, además de 2 o 3 revisiones aleatorias semanales. Esas inspecciones, según Ramírez, han contribuido a mejorar la seguridad en los centros penitenciarios.
Asimismo, Ramírez indicó que en los Ceresos del estado se lleva a cabo un trabajo conjunto entre los custodios y los elementos de la Marina, quienes refuerzan las labores de los oficiales civiles. “Esto ha fortalecido la estrategia de seguridad penitenciaria desde todos los ángulos, tanto para proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad como para garantizar que las acciones de las autoridades penitenciarias cuenten con el respaldo y acompañamiento que ofrezca seguridad a su persona”, señaló.
Roberto Ramírez reiteró que no hay ninguna queja presentada por custodios que consideren estar siendo desplazados por los elementos de la Marina en sus funciones. Además, destacó que la CDHEC ha comprobado que los procedimientos penitenciarios se realizan conforme a los estándares de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
“En estas revisiones participan todas las dependencias correspondientes, lo que asegura que no haya riesgo de abuso de autoridad o fallas en el debido proceso”, concluyó.
