La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que investigan la muerte de varios civiles, entre ellos una niña, a manos de miembros de las Fuerzas Armadas del país, ocurridas en 2 eventos distintos el pasado fin de semana en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“En los 2 casos se están haciendo las investigaciones por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército está dando toda la información”, acotó la mandataria durante su conferencia matutina.
La mandataria federal se refirió así a 2 hechos ocurridos en Nuevo Laredo, uno el viernes pasado, cuando elementos del Ejército presuntamente mataron a la enfermera Yuricie Rivera.
El otro sucedió el sábado, cuando personal de la Guardia Nacional supuestamente mató a Iris, una niña de 8 años.
Sheinbaum acotó que en el caso de la enfermera, también murió un elemento del Ejército mexicano, luego de que delincuentes dispararan contra una camioneta en la que se transportaban los militares, sin detallar cómo fue que murió Yuricie.
En tanto, en el caso de la niña Iris, señaló que también fue un caso de agresión contra elementos de la Guardia Nacional, quienes respondieron y el resultado fue de 2 civiles fallecidos “entre ellos una niña”.
Dijo que de ambos casos le informaron desde el primer momento por parte del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.
“Se presentaron de inmediato todas las pruebas que se requieren y disposiciones que se requieren por parte de la Fiscalía General de la República”, insistió.
Además, justificó que Nuevo Laredo es el lugar donde las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, reciben más agresiones por parte de la delincuencia organizada.
Sin embargo, enfatizó que si hay alguna mala actuación de elementos del Ejército o de la Guardia Nacional “serán sancionados, pero hay que esperar a las investigaciones, y la cercanía que se requiere siempre con las víctimas”.
Los hechos ocurren luego de que militares mexicanos mataron a tiros el 1 de octubre, el primer día de mandato de Sheinbaum, a 6 migrantes de Egipto, El Salvador y Perú en la frontera sur del país.
La masacre ocurrió en el estado de Chiapas, después de que el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) desplegó a 36 mil soldados para tareas migratorias, además de oficializar su responsabilidad en seguridad pública.
