China anunció este jueves el incremento del financiamiento destinado a respaldar a promotores inmobiliarios para que terminen las viviendas que construyen, priorizando el acceso al crédito sin que los préstamos se destinen al pago de deudas existentes, una iniciativa que se incrementará hasta superar el medio billón de euros.
Esta nueva medida, dentro de la llamada “lista blanca” -un programa lanzado en enero que busca garantizar que los desarrolladores concluyan sus obras y entreguen viviendas-, pretende fortalecer el mercado inmobiliario mediante un mayor acceso al crédito, declaró hoy el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural del gigante asiático, Ni Hong, durante una conferencia de prensa del Consejo de Estado (Ejecutivo).
Ni subrayó que esta ampliación permitirá un mayor respaldo a promotores inmobiliarios con proyectos en curso, priorizando el acceso al crédito sin que los préstamos se dediquen al pago de las deudas existentes.
El ministro afirmó durante la conferencia que “el mercado inmobiliario ha comenzado a tocar fondo,” sugiriendo un posible inicio de recuperación de uno de los grandes causantes de la reciente ralentización de la economía china, cuyo peso sobre el PIB nacional -sumando factores indirectos- se estimaba en torno a un 30%, según algunos analistas.
Hasta el tercer trimestre de 2024, los bancos habían aprobado 5,392 proyectos bajo este esquema, con un financiamiento acumulado cercano a 181 mil millones de euros).
Según Xiao Yuanqi, subdirector de la Administración Estatal de Regulación Financiera, los préstamos autorizados para este programa habían aumentado a 288 mil millones de euros al 16 de octubre.
El Gobierno chino aplicará medidas de monetización en los planes de urbanización, integrando un millón de “aldeas urbanas” y renovando viviendas antiguas mediante reubicaciones monetizadas, informó el ministro Ni.
El funcionario también mencionó que en 35 ciudades principales es necesario transformar cerca de 1.7 millones de viviendas, con necesidades adicionales en otras regiones, y que la cifra de unidades a renovar podría ampliarse en cualquier momento.
Paralelamente, el Ministerio de Finanzas permitirá a los gobiernos locales utilizar fondos de bonos especiales para adquirir viviendas sin vender y terrenos en desuso, a fin de dinamizar el sector.
Los bancos estatales estarán a cargo de gestionar estas operaciones en coordinación con las autoridades locales.
En paralelo, las autoridades chinas anunciaron la semana pasada que se reducirán los intereses de los préstamos hipotecarios ya existentes -ahorrarán unos 21 mil millones de dólares a 50 millones de hogares- y se bajará al 15% la cuota mínima de entrada que deben abonar quienes deseen comprar una segunda vivienda. También se dará más apoyo a un plan para que los gobiernos locales conviertan casas sin vender en vivienda social.
La medida se enmarcó en un paquete de medidas presentado por las autoridades que también incluye la creación de mecanismos para ofrecer unos 114 mil millones de dólares tanto en financiamiento a firmas de valores, fondos o aseguradoras, como en créditos para que las empresas que cotizan en bolsa recompren sus acciones y eleven así su valor en el mercado.
Además, el Banco Popular de China (BPC), el banco central, implementó la semana pasada un “swap” (línea de permuta) de 64,600 millones de euros para fomentar el desarrollo de los mercados financieros, y se adelantaron fondos del presupuesto fiscal para 2025.
La baja demanda nacional e internacional, unida a riesgos de deflación, estímulos insuficientes, una crisis inmobiliaria que no ha tocado fondo o una falta de confianza en el seno de los consumidores y el sector privado son algunas de las causas que esgrimen los analistas para explicar lo que ocurre en la segunda mayor economía mundial.
Según los expertos, el paquete de medidas anunciado la semana pasada supone “un paso en la dirección correcta” aunque será “insuficiente” para reavivar la recuperación económica china a menos que venga acompañado de un mayor gasto público, una cuestión que podría chocar con las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda.
