La Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes una ley que prohíbe a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que presta servicios sociales a millones de palestinos refugiados y sus descendientes, operar en territorio israelí, incluido en el anexionado de forma unilateral Jerusalén Este.
La propuesta de ley, que ya se aprobó en primera lectura en verano antes del receso parlamentario de 3 meses, salió adelante hoy en segunda y tercera lectura con 92 votos a favor y 10 en contra, en el primer día del nuevo periodo de sesiones.
El texto estipula que la UNRWA no realizará ninguna representación, prestará ningún servicio ni realizará ninguna actividad “directa o indirectamente” dentro del territorio soberano de Israel.
Incluso los diputados de varios partidos de la oposición, incluidos Yesh Atid (Hay un futuro) del centrista Yair Lapid o Unidad Nacional de Benny Gantz votaron a favor de esta prohibición, que a su vez reducirá severamente las actividades de la UNRWA en Gaza y Cisjordania, dada la dependencia de coordinación con las autoridades israelíes.
Momentos antes de la votación, el diputado de la formación árabe Hadash-Taal, Ahmad Tibi, calificó esta legislación de “fascista” durante un debate en el pleno de la Knéset, lo que provocó los gritos y el enfado de la diputada del Likud, Tally Gotliv, que tuvo que ser agarrada de vuelta a su sitio.
Un segundo proyecto, que debe ser votado próximamente, busca revocar la exención fiscal y el estatus de inmunidad de la agencia, así como designarla como una “organización terrorista” por sus supuesto vínculos con Hamas.
La UNRWA proporciona actualmente servicios, como educación y salud, en algunos de los campos de refugiados de Jerusalén Este, como el de Shuafat. Además, sin la coordinación con Israel, le será muy difícil poder trabajar en Gaza o Cisjordania, donde se encarga de la distribución de ayuda, debido a la falta de visados o permisos de entrada a esos territorios palestinos ocupados.
La UNRWA es “la columna vertebral de las operaciones humanitarias en Gaza”, dijo a la agencia informativa EFE Jonathan Fowdler, uno de los portavoces del organismo, quien destacó que sin el trabajo de la agencia, 660 mil niños gazatíes perderían a la única entidad capaz de continuar con su educación.
Acusaciones inconclusas
Israel ha acusado a UNRWA de emplear a 2,100 miembros de Hamas, y en enero dijo que 12 de ellos habían participado activamente en los letales ataques del 7 de octubre, a lo que la agencia respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiendo a esos trabajadores.
La agencia, que cuenta con más de 30 mil empleados, aseguró meses después que Israel no había presentado pruebas concluyentes sobre la implicación de estos trabajadores en los atentados, mientras que una investigación independiente, a cargo de la exministra francesa de Exteriores Catherine Colonna, avaló en marzo la neutralidad de la actividad humanitaria de la agencia, aunque detectó “áreas críticas”.
En cuanto Israel vertió tales acusaciones en enero, 18 países anunciaron que retiraban sus fondos, incluidos sus principales donantes -Estados Unidos, Alemania, Japón o Francia-, lo que supuso un recorte del presupuesto de 450 millones de dólares en plena respuesta de emergencia en la Franja de Gaza.
La mayoría de países, incluidos Canadá, Suecia, Australia o la propia Unión Europea, retomaron meses después el financiamiento a la UNRWA ante la falta de pruebas presentadas por Israel.
