Organizaciones civiles hicieron un llamado al Gobierno de México para generar políticas públicas que ayuden a reducir la informalidad laboral en el país, que asciende a 53% de los trabajadores y quienes se han convertido en la base de la economía nacional.
“Es necesario que las políticas públicas que se emprendan en los próximos años tengan un gran efecto sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras, pero también en su capacidad de integrarse al mercado laboral formal y disfrutar la protección social y legal correspondiente a su labor”, dijo en un comunicado Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.
Haas participó en la presentación del informe “El laberinto de la informalidad: mitos, trampas y realidades” elaborado por las organizaciones “México ¿Cómo vamos?” y Oxfam México, el cual reveló importantes brechas que profundizan la desigualdad en el país.
Un ejemplo es la diferencia en ingresos laborales, mientras que en un empleo formal el ingreso laboral mensual promedio es de 13,011.20 pesos, en uno informal se reduce casi a la mitad, 6,924.5 pesos.
“El ingreso laboral promedio de una persona en la informalidad laboral solo es suficiente para adquirir 1.5 canastas básicas”, precisó el documento.
La investigación también reveló que la informalidad laboral afecta en mayor medida a las mujeres, pues aunque representan el 55.6% de la fuerza laboral informal, tienen menos acceso a empleos remunerados.
Además, las mujeres predominan en el trabajo doméstico, que suele ser más precario.
“Tanto en el empleo formal como informal, las mujeres trabajan casi el doble de horas sin sueldo, y los hombres ganan 2.4 veces más en empleos formales”, detalló el informe.
Derribar mitos
Uno de los objetivos del informe es derribar los mitos que rodean a la informalidad, entre ellos, como que quienes trabajan en esta modalidad se dedican a actividades ilícitas, que todas se dedican a lo mismo o que no pagan impuestos.
“El 27.8% de las personas en esa situación laboran en el sector informal, el 13.5% en empresas, gobierno e instituciones, el 9% en el ámbito agropecuario y el 3.9% en el trabajo doméstico remunerado”, precisó.
Sofía Ramírez, directora general de “México ¿Cómo vamos?”, resaltó que la informalidad laboral no es una situación de privilegio o una decisión personal, sino una falla del régimen laboral y una injusticia persistente en el país.
“Si en realidad se quiere poner en primer lugar a las personas más vulnerables de nuestro país, no se puede ignorar la informalidad laboral durante más tiempo”, apuntó.
El informe detalla una serie de recomendaciones de políticas públicas para reducir la informalidad laboral exhortando al estado mexicano a apostar por un pacto entre personas trabajadoras, empleadores y estado con el objetivo de fortalecer la seguridad social y mejorar las condiciones de las personas trabajadoras en el país.
Entre las propuestas, están fortalecer la inspección laboral, crear un seguro de desempleo y aumentar contribuciones a la seguridad social; y para las Pequeñas y medianas empresas (PyMES), reducir costos de contratación, simplificar trámites y facilitar acceso al crédito.
Por su parte, para las personas trabajadoras piden crear un Sistema de Cuidados, mejorar la capacitación y acceso a cuentas de ahorro para el retiro.
