La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, presentó su renuncia junto con la de otros 7 de los 11 ministros del organismo, en lo que calificó como “un acto de congruencia”, en medio de las protestas por la polémica reforma judicial impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum.
“Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”, señaló Piña en la misiva enviada al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Asimismo, Piña indicó que su decisión de declinar su “candidatura para participar en elecciones ordinarias de las personas juzgadoras que ocuparán, entre otros, los cargos de ministros y ministros de la SCJN”, se toma en referencia a la elección para votación popular que impulsa la reforma judicial.
Fernández Noroña confirmó que fueron recibidas, junto a la de Piña, las de los ministros Margarita Ríos-Farjat, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar.
“Los ocho han determinado no participar en el proceso electoral”, señaló el presidente del Senado.
Los únicos ministros que han expresado su interés en participar en el proceso electoral son Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loreta Ortiz, quienes están alineadas con el actual Gobierno.
En respuesta a las renuncias, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en su conferencia matutina en que las cartas responden al interés de los ministros a retirarse con sus pensiones.
La reforma judicial de septiembre pasado establece que los ministros que no se postulen o no sean elegidos en 2025 perderán el derecho a un haber de retiro, salvo si renuncian antes del cierre de la convocatoria.
El proceso electoral que marcará un cambio histórico en la Suprema Corte tiene lugar en medio de debates sobre la independencia judicial y la transparencia en los beneficios económicos para los altos funcionarios del Poder Judicial.
