La Cámara de Diputados de Brasil aprobó las nuevas normas fiscales propuestas por el Gobierno y que buscan recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, al mismo tiempo de liberar recursos para la inversión en las áreas sociales.
Con 379 votos a favor y 64 en contra la Cámara baja respaldó la iniciativa de reglas fiscales presentada por el Ejecutivo y que había sido aprobada en primera instancia por los diputados, en mayo, y en junio por el Senado, pero con algunas restricciones.
El proyecto del marco presupuestario acaba con una polémica ley en vigor desde 2017, que imponía unos rígidos límites al gasto público, y ahora deberá ser sancionado por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Los diputados, después de varias horas de debate, acuerdos partidarios y votación, acataron las recomendaciones del senado para retirar del marco fiscal los fondos para el Distrito Federal de Brasilia y el de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica.
No obstante, la propuesta de excluir de las reglas fiscales el fondo para la ciencia y tecnología fue rechazada por los diputados.
De igual manera, tampoco fue considerada la propuesta de ampliar para la elaboración del presupuesto el cálculo de la inflación hasta el final del año precedente y no el referente de los 12 meses hasta el primer semestre del ejercicio anterior, como está previsto hoy.
Con esa modificación que pretendía la base aliada a Lula, el Gobierno pretendía disponer entre 6,400 millones y 8 mil millones de dólares más por año.
El nuevo régimen suaviza las normas actuales, pero establece un marco que garantiza la responsabilidad fiscal y apunta a recuperar el equilibrio de las cuentas estatales.
Mediante ese nuevo marco, el crecimiento del gasto público anual sería limitado al 70% de la variación de la recaudación tributaria de los últimos 12 meses y dejaría de tener a la inflación como única referencia.
Con la propuesta, el Gobierno se compromete a reducir a cero el déficit público primario en 2024 y alcanzar un superávit primario equivalente al 0.5% del producto interno bruto (PIB) del país en 2025, que deberá subir al 1% en 2026.
Asimismo, propone controles para impedir un aumento de la deuda pública más allá del 70% del PIB y, fundamentalmente, permite un crecimiento del gasto en áreas sociales claves, como educación y salud, limitado hasta ahora por las actuales normas.
La propuesta se complementa con una reforma tributaria aprobada también en julio pasado.
Brasil registró en 2022 un déficit fiscal nominal equivalente al 4.68% del PIB, superior al de 2021, cuando había sido del 4.31%.
