El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la propuesta de reforma constitucional del Gobierno de México que pretende ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos. La prisión preventiva debe ser una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”, dijo Türk en un comunicado.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma a la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ahora incluirá la extorsión y delitos que tengan que ver con la elaboración y distribución de drogas sintéticas, como fentanilo.
La ONU afirma que mecanismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México, algo que contradice directamente esta reforma.
“México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta”, afirmó el Alto Comisionado.
Türk insta a considerar alternativas a la privación de la libertad y enfocarse en “fortalecer la capacidad” de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva de forma individualizada, caso por caso.
“Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, concluye tajante el comunicado de la ONU.
La medida ha generado controversia también en México, donde representantes del opositor Partido Acción Nacional (PAN) aseguraron que “no existe evidencia alguna que demuestre que la prisión preventiva oficiosa logre reducir la comisión de delitos”.
En contraste, el diputado Leonel Godoy, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consideró que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, al afirmar que ha contribuido a disminuir el homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego.
