Un tribunal de Texas acoge desde hoy el juicio por la demanda presentada por 21 estados republicanos contra el programa de permisos humanitarios del Gobierno de Joe Biden, que ha permitido la entrada de unos 180 mil migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití a Estados Unidos en menos de un año.
La demanda que tiene que estudiar el juez Drew Tipton -quien en el pasado ha fallado en contra de las políticas migratorias de la Administración de Biden- pone en riesgo esta medida que supone una de las principales herramientas del Gobierno para controlar la migración en la frontera sur.
El programa, argumentó el Gobierno en un documento presentado ante la corte antes de la audiencia de hoy, ha contribuido a la “reducción de las detenciones” de migrantes de estas 4 nacionalidades en la frontera y a desincentivar “rutas peligrosas” de migración hacia Estados Unidos.
Como consecuencia, si se llegara a eliminar, argumentaron las autoridades, habrá un “aumento significativo de la migración en la frontera suroeste” del país.
Además, como recordó el gobierno, el permiso humanitario -más conocido por su nombre en inglés “parole”- ha sido usado para permitir la entrada de migrantes a Estados Unidos en otros momentos de la historia del país.
Los estados demandantes, sin embargo, consideran que el Gobierno está tomando una medida ilegal porque usa el permiso humanitario para conceder la entrada de los migrantes y a su vez les ha obligado a gastar “cientos de millones de dólares” en educación, salud y apoyo legal para los beneficiarios del programa.
El ejecutivo, subrayaron los estados en la petición inicial de demanda ante el tribunal, ha creado un nuevo programa de visa que permite la entrada de miles de extranjeros que, sin esa vía, no tendrían bases para llegar legalmente a Estados Unidos.
De acuerdo con los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 181 mil personas han llegado a Estados Unidos a través del programa humanitario.
La mayoría de ella, provenientes de Haití (60 mil) y Venezuela (55 mil), 2 países que se encuentran en una grave crisis humanitaria que ha forzado a miles de sus ciudadanos a buscar un mejor futuro en el exterior.
Un “golpe duro” para quienes están en la lista de espera
Un fallo en contra del programa no afectaría a las personas que ya entraron al país, pero sí a quienes ya presentaron sus solicitudes y están en la lista de espera, ante la expectativa de que el gobierno les de un permiso para venir a Estados Unidos, según explicó a EFE Yael Schacher, directora para las Américas de Refugees International.
“Si el programa se congela, se dejará también de procesar las solicitudes”, subrayó la experta.
Para Rita Sánchez, una venezolana radicada en Miami que ha ayudado a cientos de personas a solicitar el permiso humanitario, esto sería “golpe duro” para quienes aún esperan que se apruebe su petición.
Para solicitar el permiso, es necesario tener un patrocinador en Estados Unidos, que pueda probar tener los suficientes recursos económicos para apoyar financieramente al beneficiario. Tanto la personas que busca obtener el “parole”, como el patrocinador deben presentar un formulario ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Actualmente, el DHS tiene en la lista de espera a más de 1.5 millones de personas que han presentado la solicitud para patrocinar un familiar, amigo o conocido para que recibe el permiso, según datos presentados por el gobierno ante el tribunal.
“Son hijos que están afectados emocionalmente al verse alejados de sus padres, madres separadas de sus hijos y familias completas que ven en el programa una luz para salir de la situación” por la que atraviesa su país, subrayó Sánchez.
