Cientos de mujeres se movilizaron en ciudades de Bolivia como Cochabamba y La Paz, donde hubo marchas callejeras, ferias, jornadas de reflexión y actos conmemorativos para exigir justicia por las víctimas de los feminicidios y por los menores que quedaron huérfanos como consecuencia de estos hechos de violencia.
En La Paz hubo una feria organizada por el estatal Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud) y la Policía, con la participación de organizaciones afines al Gobierno boliviano que clamaron por “justicia” para las víctimas.
Una de las movilizaciones más numerosas se registró en Cochabamba, donde mujeres y hombres acudieron al llamado de la Fundación Voces Libres, que trabaja en la lucha contra la violencia hacia mujeres y menores de edad.
La movilización se llevó a cabo desde la plaza principal de la ciudad hacia una calle cercana donde las jóvenes del Proyecto Justicieras, sobrevivientes de la violencia machista que estudian para ser abogadas, trabajadoras sociales o psicólogas y que buscan combatir la impunidad en estos delitos, pintaron un mural dedicado a las víctimas de feminicidios y a sus hijos.
El mural, que expone los nombres de las víctimas de estos crímenes, muestra a un niño que llora y toma de la mano a una silueta de mujer marcada con tiza.
“Estamos cansados de ver cómo se ha naturalizado la violencia, cómo los márgenes de impunidad en lugar de decrecer siguen sumando, cómo las mujeres víctimas de feminicidio no sólo son cifras, sino son familias enteras con niños huérfanos que nadie cuida”, dijo la coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez.
También lamentó que el “99 %” de los casos de violencia machista en el país sean “abandonados, rechazados, conciliados o sobreseídos”.
La abogada remarcó que “no es lo mismo” luchar contra la violencia hacia “todos”, como reclaman algunos sectores detractores de los reclamos de las mujeres.
“Las mujeres estamos en peligro por el hecho de ser mujeres. No me van a dejar mentir las mujeres que no tenemos ni derecho a subirnos a un taxi porque podemos aparecer violadas, descuartizadas, asesinadas”, sostuvo.
Cortez exigió el cumplimiento pleno de la Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que rige en el país desde 2013 y castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.
