El Estado de México, el más poblado del país, despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la entidad número 18 en aprobar esta medida.
Con 55 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, el Congreso local aprobó la reforma al artículo 248 del Código Penal estatal, permitiendo la interrupción legal del embarazo en el primer trimestre.
La reforma también derogó los artículos 249 y 250 de dicho código y modificó el artículo 251 para garantizar que el Estado ofrezca este servicio de manera gratuita, segura, informada y sin discriminación. Además, se comprometió a proporcionar educación sexual a la población y facilitar el acceso a métodos anticonceptivos eficaces.
Al presentar la iniciativa, aprobada por la Comisión de Equidad de Género el pasado 20 de noviembre, la diputada Anais Burgos (Morena) subrayó que más de 63,000 mujeres mexicanas han recurrido a los servicios médicos de la Ciudad de México para interrumpir su embarazo. Destacó que la reforma es «vanguardista» en comparación con otras entidades, pues además de la despenalización, abarca reformas en áreas administrativas y de salud.
La propuesta también incluyó una modificación al artículo 5 de la Constitución local, asegurando que la ciudadanía pueda tomar decisiones libres y responsables sobre su cuerpo y salud sexual y reproductiva, sin violencia ni discriminación, según explicó la diputada Juana Bonilla, del Movimiento Ciudadano (MC).
Con la reciente aprobación, 18 de las 32 entidades del país han despenalizado el aborto hasta la semana 12, y Sinaloa ha extendido este plazo hasta la semana 13. Esta medida está alineada con la sentencia de la Corte Suprema de 2021, que determinó que prohibir la interrupción del embarazo viola los derechos a la dignidad humana, la autonomía reproductiva y la salud.
Ciudad de México fue pionera en la despenalización en 2007, y más recientemente, el Congreso capitalino ha discutido la eliminación del límite temporal para el aborto, una medida que ha generado debate debido a su potencial para reducir la criminalización y el estigma del procedimiento.
Desde 2019, varios estados han adoptado esta decisión, incluyendo Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, y más recientemente Chiapas. Por otro lado, en Nayarit y Yucatán, tribunales han ordenado la despenalización del aborto, aunque el Congreso local aún no ha modificado sus códigos penales.
A nivel federal, la Suprema Corte también ha emitido fallos para garantizar el acceso a un aborto seguro y ha instado al Congreso a reformar el Código Penal para eliminar el delito de aborto, pero hasta la fecha esta reforma no se ha concretado.
