El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) declaró este miércoles ante la Justicia que es “infundado, falso y arbitrario” considerar que él habilitó una intermediación irregular en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato y habló de “direccionamiento político”, por lo que recusará la indagatoria que prestó hoy.
“Alberto Fernández en ningún momento benefició a nadie”, afirmó la abogada defensora del expresidente Mariana Barbitta ante los medios en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, donde el exmandatario prestó una indagatoria “muy larga”, en el marco del proceso en el que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato.
Barbitta anticipó que “hay motivos de recusación muy fuertes” de la declaración indagatoria, ya que habían planteado la nulidad de la cita, lo que fue rechazado en un tiempo tan corto, según la abogada, que anticipó que este acto de indagatoria también “va a ser nulo”.
Fernández siente que “no está ante un juez imparcial, por eso fue tensa al inicio (la indagatoria)”, y “no le garantiza seguridad y tranquilidad”, afirmó la abogada, y respondió que fue llamado a declarar porque “hay un direccionamiento político. Se puso en juego una acción política que no es judiciable”.
Fernández fue llamado a indagatoria este miércoles por el juez federal Julián Ercolini, por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”.
El exmandatario fue imputado en febrero pasado por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que los acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
En la denuncia se pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos habrían utilizado de intermediario a Martínez Sosa, quien además figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas y era el marido de su secretaria privada.
“Martínez Sosa es reconocido históricamente, no por este decreto, a nivel nacional y mundial por ser justamente un “bróker” de seguros. Pensar que podría haber una connivencia es absolutamente infundado, falso y arbitrario”, dijo Barbitta.
“El decreto es absolutamente, jurídicamente, impecable, es legítimo” y “no hay ninguna discusión sobre el decreto”, afirmó Barbitta, y agregó que “de ninguna manera el decreto habilitó ningún tipo de intermediación”, sino que “estuvo relacionado con cortar la cartelización” y “excluía la posibilidad de intermediación”.
Fernández ingresó y se retiró del juzgado sin prestar declaraciones a la prensa.
