Con 17 votos a favor, cero abstenciones y 6 votos en contra, el pleno del Congreso del Estado aprobó en lo general y en lo particular, la reforma al párrafo segundo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que considera al tráfico de fentanilo, la extorsión y las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales, como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Congreso del Estado, durante el debate del dictamen, la diputada Dulce Huerta defendió la reforma, exponiendo que representa una medida urgente y necesaria, pues dijo que hay actos delictivos que han tomado nuevas formas más sofisticadas y complejas que requieren un marco normativo robusto para proteger a la sociedad frente a estas amenazas.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Betzaida Pinzón, afirmó que la reforma no solo vulnera los derechos fundamentales y condena a los más vulnerables a sufrir abusos del sistema, sino que convierte a la prisión preventiva oficiosa automática como injusta y arbitraria.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Alberto Partida, aclaró que su bancada está de acuerdo que debe terminarse con la impunidad, pero cuidando la presunción de inocencia, cuestión que no sucede con la reforma, pues en su consideración, queda prácticamente eliminada convirtiendo a la justicia selectiva.
De Movimiento Ciudadano, Israel González, dijo que la inclusividad de la reforma no es un mérito, sino una muestra más del colapso, reflejando los fracasos más evidentes del sistema y del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Andrea Naranjo Alcaraz, explicó que con esa medida se da respuesta a una necesidad de contar con herramientas que sirvan para debilitar las estructuras que hay detrás de este tipo de delincuencia que afecta de manera profunda a la sociedad.
Por el Partido del Trabajo, la diputada Evangelina Bustamante, indicó que la reforma es una medida que forma parte de un cambio trascendente en el país en cuanto al Sistema de Justicia, ya que se avanza en combatir delitos que asfixian la economía y que fortalecen al crimen organizado.
Finalmente, el diputado Jaime Sotelo, del Partido Verde Ecologista de México, dijo que la reforma no será para perseguir a políticos opositores, pues es clara en su objetivo, que es incluir delitos como extorsión, defraudación fiscal, entre otros y señaló que la medida abonará en tener un mejor sistema de justicia.
César Barrera