El Gobierno de Guatemala, bajo el mando del gobernante, Alejandro Giammattei, hizo este viernes un “llamado a la prudencia” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras advertir sobre un posible magnicidio al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
“Hacemos un llamado a la CIDH a la prudencia. Es necesario que la comisión se pronuncie de manera objetiva y se garantice la imparcialidad por las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar”, puntualizó el Gobierno de Giammattei en un comunicado de prensa.
La declaración del Organismo Ejecutivo llega después de que el jueves, la CIDH, entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgara medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tome las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de los políticos, de acuerdo con una resolución publicada ayer.
En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sujeto de “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que han incrementado “tras la segunda vuelta electoral del 25 junio de 2023”.
Entre estas denuncias se encuentra la existencia de 2 posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.
Los planes en contra de Arévalo
Uno de esos planes, del que fue informado su equipo de seguridad la semana pasada, cuenta con “participación de agentes estatales e individuos particulares”, de acuerdo con el texto de la resolución de la CIDH.
Y un segundo, del que informó a Arévalo el propio Ministerio Público (Fiscalía) este mismo lunes, al que relacionaron con presuntas “estructuras criminales de pandillas”.
Según señaló la CIDH, el Estado de Guatemala no ha tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo, aún conociendo estas amenazas en su contra.
El documento detalló que el dúo que resultó ganador en las elecciones del pasado domingo ha tenido que recurrir a seguridad privada para garantizar su protección.
La CIDH alegó además que el Estado de Guatemala no le informó sobre qué medidas se tomaron en respuesta a las denuncias de un plan para atentar contra la vida de los 2 políticos del Movimiento Semilla.
