El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, afirmó este martes que Estados Unidos espera que los incidentes en Corea del Sur se resuelvan “pacíficamente” y “de acuerdo con el estado de derecho”, por lo que habría que respetar la decisión de la Asamblea Nacional surcoreana de levantar la Ley Marcial proclamada previamente por el presidente Yoon Suk-yeol.
“Queremos que esto se resuelva pacíficamente de acuerdo con el estado de derecho y, sin duda, una votación así en el legislativo sería consistente con esta aproximación”, apuntó en una rueda de prensa.
Estados Unidos, detalló Patel, está observando de cerca los acontecimientos “con gran preocupación” y el Departamento de Estado está “tratando de interactuar” con sus homólogos en Seúl y con funcionarios del Gobierno surcoreano en Estados Unidos.
“Nuestra alianza con la República de Corea es férrea y estamos totalmente comprometidos con ella y en última instancia, nuestra esperanza y expectativa es que cualquier disputa política se resuelva pacíficamente y de conformidad con el estado de derecho”, insistió Patel, quien puesto que la situación es “increíblemente cambiante” no quiso sacar “conclusiones precipitadas”.
Patel confirmó la información adelantada por la Casa Blanca de que el Gobierno del presidente conservador surcoreano, Yoon Suk-yeol, no le informó previamente de su decisión de declarar la ley marcial en el país por primera vez en democracia.
“Estados Unidos no fue notificado con antelación de este anuncio. Estamos seriamente preocupados por los acontecimientos que estamos viendo sobre el terreno en la República de Corea”, afirmó en un comunicado enviado a la agencia informativa EFE un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
El presidente surcoreano declaró la ley marcial para proteger el “orden constitucional” de actividades “anti-estatales”, de las que el mandatario acusa al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), al que tildó de “fuerzas pronorcoreanas” en una declaración televisada.
El anuncio llegó después de que el PD, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), aprobara sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, encargada de monitorizar las cuentas de los organismos públicos.
Tras la declaración de la Ley Marcial, la Asamblea Nacional surcoreana votó a favor de levantarla en una sesión plenaria extraordinaria convocada poco después de que el mandatario anunciara esa medida excepcional y con miles de personas protestando en las calles de Seúl.
