El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, prorrogó por 30 días más el último estado de excepción que decretó en octubre pasado para 6 provincias y 2 municipios de Ecuador, entre ellos la capital, Quito, a fin de continuar el combate contra las bandas del crimen organizado.
En el decreto suscrito detalla que la renovación por 30 días adicionales incluye a las provincias del Guayas (donde se encuentra Guayaquil, la ciudad más poblada del país), Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, además de la capital Quito y el municipio Camilo Ponce Enríquez, un enclave minero en la sureña provincia andina de Azuay que se disputan bandas criminales.
En el decreto recuerda que el objetivo final del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Los mencionados territorios ya eran parte de un anterior estado de excepción decretado por Noboa que estuvo vigente por 3 meses, con la novedad de que se sumó a Quito, por “el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados”, según el decreto presidencial de octubre.
Dicho estado de excepción fue validado por la Corte Constitucional, si bien anuló varias de las medidas expedidas en ese decreto que suspendían derechos fundamentales como la libertad de reunión en espacios públicos.
También la disposición de movilización de la Policía y de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado, pues el tribunal constitucional recordó que dicha acción puede darse dentro de la normativa ordinaria, sin necesidad de decretar un estado de excepción.
Asimismo, el máximo tribunal de garantías de Ecuador recordó al mandatario que el “conflicto armado interno” que declaró contra el crimen organizado a inicios de año, con el que pasó a denominar a las bandas criminales como grupos terroristas, no es suficiente motivo por sí solo para justificar la serie de estados de excepción que Noboa ha decretado a lo largo del año.
Al respecto, la Corte observó que, en 2024, los ecuatorianos han vivido nueve de los primeros once meses del año bajo estados de excepción dirigidos específicamente a combatir la situación de violencia que atraviesa el país y con suspensiones de derechos.
