El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva pocas horas después de su investidura, dirigida a poner fin al uso “incorrecto” de la Justicia y las agencias de Inteligencia como herramientas del gobierno federal.
La orden busca identificar y corregir posibles abusos en el uso de estas entidades y evitar que se instrumentalicen con fines políticos.
El decreto solicita a la fiscal general, una vez confirmada, Pam Bondi, identificar y tomar medidas apropiadas para corregir cualquier conducta indebida dentro de las agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Justicia, la Comisión del Mercado de Valores (SEC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC). Además, la orden autoriza el uso del poder de imputación penal o civil cuando se considere necesario.
También se instruye a la Dirección Nacional de Inteligencia, para la que Trump ha nominado a la excongresista Tulsi Gabbard, a identificar cualquier acción que contravenga la política de la nueva administración y a remitir un informe al presidente sobre dichas prácticas.
Trump argumentó que la administración anterior utilizó las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia de manera sistemática contra lo que percibían como opositores políticos, señalando que esta instrumentalización del poder gubernamental ataca el proceso democrático y contraviene los principios del gobierno estadounidense.
Esta orden ejecutiva subraya la intención de la nueva administración de corregir lo que Trump considera un abuso de poder en la anterior gestión, buscando restaurar lo que él considera el “sentido común” en las políticas gubernamentales.
