Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentó un proyecto de resolución que propone validar la elegibilidad de aspirantes a juzgadores, aun cuando su promedio de licenciatura sea inferior a 8, siempre y cuando hayan alcanzado ese promedio en sus estudios de maestría o doctorado.
Según lo informado por el diario El Universal, este proyecto, que será analizado por la Sala Superior en los próximos días, cuestiona la interpretación restrictiva del requisito de un promedio mínimo de 8. Según Rodríguez Mondragón, este criterio es ambiguo y debe aplicarse de manera flexible, ya que excluye a personas que podrían haber mejorado sustancialmente su perfil académico y profesional a lo largo de su carrera.
El magistrado argumenta que mantener esta exigencia en la licenciatura es injusto y condena a las personas a una exclusión permanente del cargo de juzgadores, incluso si, con el tiempo, logran destacar en sus estudios de posgrado o tienen las cualidades necesarias para desempeñar funciones jurisdiccionales.
Según su visión, detalló El Universal, esta interpretación no solo es estigmatizante, sino que también impide que los aspirantes puedan corregir sus fallos pasados y les priva de la oportunidad de reintegrarse plenamente al ámbito judicial, generando una barrera que afecta de forma desproporcionada la vida de las personas, limitando su derecho a acceder a cargos públicos, su derecho al trabajo y su posibilidad de redención profesional.
En el mismo proyecto, el magistrado propone ratificar la exclusión de la lista de elegibles para quienes no cumplieron con todos los requisitos establecidos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPL). Además, plantea que se revaloren los casos en los que el comité cometió errores en la evaluación de alguno de los requisitos, y que se reviertan las decisiones donde se hayan desestimado requisitos adicionales que un aspirante sí haya cumplido.
Este proyecto será discutido en la Sala Superior esta semana, y podría cambiar la manera en que se evalúan a los aspirantes a cargos judiciales en el país.
Con información de El Universal