La Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva para recortar miles de puestos de trabajos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, según ha informado The Wall Street Journal (WSJ) este jueves citando fuentes informadas de la operación pero no identificadas.
La orden establecerá que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras agencias de salud tendrán que recortar un porcentaje no precisado de sus empleados.
Según el WSJ, la orden podría llegar la semana que viene después de que los trabajadores afectados tengan la oportunidad de aceptar una indemnización, aunque el contenido de la orden todavía no se ha concretado.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS) sería el más afectado en estos recortes, puesto que emplea a más de 80 mil personas. Este departamento incluye los Institutos Nacionales de Salud, los centros de servicios de Medicare y Medicaid, la FDA y los CDC.
En función del número de trabajadores de los que prescindan y las áreas específicas en las que se encuentren, los recortes en la plantilla podrían afectar a varias iniciativas de las que se encargan estas agencias, como la aprobación de nuevos medicamentos, el rastreo de la gripe aviar o la investigación del cáncer.
El WSJ reporta que se ha pedido a los funcionarios de las agencias que preparen listas donde se distingan a los trabajadores esenciales en periodo de prueba -y que deben ser retenidos-, de los empleados que no desempeñan este tipo de funciones.
Según el periódico estadounidense, los empleados federales deben decidir este si aceptan la oferta de indemnización del gobierno, pero que hasta la fecha más de 40 mil empleados han optado por renunciar al acuerdo.
La Casa Blanca podría cambiar de idea sobre continuar hacia adelante con estos planes, puesto que negó este jueves que haya una orden de este tipo en camino.
Además, un juez federal bloqueó este jueves temporalmente la fecha límite de la Oficina de Administración de Personal (OPM) para que los empleados federales acepten la oferta de “renuncia diferida” -una indemnización por renuncia- impulsada por la Administración Trump.
