Una jueza de Texas detuvo la implementación de una ley estatal recién aprobada que fue impugnada por grandes ciudades que alegan que reduce su autonomía y la capacidad local de aprobar regulaciones.
La juez Maya Guerra Gamble detuvo la aplicación de la Ley HB-2127, que entraría en vigor el 1 de septiembre y fue retada en la corte por grandes ciudades como Houston, San Antonio y El Paso.
En la querella las ciudades alegan que la ley es inconstitucional ya que les impediría satisfacer las necesidades locales y alteraría innecesariamente la forma en que el estado ha operado durante casi un siglo.
La nueva ley evitará que ciudades autónomas como San Antonio o Houston elaboren o hagan cumplir leyes locales sobre asuntos como desalojos y beneficios laborales, entre otros.
Según la llamada Ley de Consistencia Regulatoria de Texas, la idea es “adelantarse” a disposiciones locales sobre asuntos regulados por el estado en sus códigos de Agricultura, Negocios y Comercio, Finanzas, Seguros, Laboral, Recursos Naturales, Ocupaciones y Propiedad.
“La Constitución de Texas otorga a las ciudades autónomas, como San Antonio, amplia autoridad, con restricciones específicas, para adoptar ordenanzas que satisfagan las necesidades únicas de nuestros residentes”, explicó la ciudad en un comunicado el pasado 24 de julio cuando presentó la querella.
Los demandantes también argumentan que la ley abre la posibilidad de que las ciudades autónomas afectadas enfrenten retos legales por parte de sus ciudadanos.
Houston fue la primera ciudad en impugnar la ley a comienzos de julio. Su alcalde, Sylvester Turner, dijo hoy en un comunicado citado por el diario The Texas Tribune que “la guerra en curso” del gobernador republicano Greg Abbott y la Legislatura estatal contra las ciudades autónomas, la mayoría bastiones demócratas, “daña al estado y su economía”.
“Esta guerra contraproducente contra las ciudades debe terminar”, insistió el alcalde demócrata, que celebró el fallo.
Por su parte, el representante estatal Dustin Burrows, coautor de la medida, dijo que la sentencia de hoy “no vale ni el papel en el que está impresa”, según informó el rotativo.
Se espera que el Gobierno de Abbott apele el fallo.
