El INE confirmó que, por la falta de presupuesto, los mexicanos que se encuentran en prisión preventiva, esperando una sentencia, no podrán participar en la primera elección de jueces, magistrados y ministros.
“Lamentablemente, en el INE no existen las condiciones financieras, operativas y técnicas, para llevar a cabo el ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva”, acusó la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, durante la sesión en la que se determinó la inviabilidad de que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto en la elección judicial del 1 de junio.
“Me parece lamentable que se haya dado un enfoque de regresión para la garantía de los derechos. No debe de haber justificación alguna por la que se diga ‘sí hay un derecho reconocido, pero no se puede implementar’”, agregó.
Según publica Reforma en su edición digital, en la primera sesión extraordinaria de este lunes, los consejeros recordaron que la primera elección de donde estarán en disputa 881 cargos, más que los 629 que se compitieron en 2024, habían solicitado 13 mil millones de pesos, pero que la Cámara de Diputados asignó menos de la mitad, 6,219 millones.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta 2024 había 86,984 mexicanos en prisión preventiva, el 37%, o 4 de cada 10 personas privadas de la libertad.
Los consejeros afirmaron que el voto de personas en prisión, además, requiere mucho tiempo para su planificación, convenios de colaboración, una lista preliminar de la población y revisar su situación registral.
Acusaron también que es contradictorio que no puedan votar en la elección federal judicial, cuando sí lo podrán hacer en la local de Durango y Veracruz.
“Me parece que sí tenemos, como Estado mexicano, una regresión en los criterios para la garantía de derechos y el INE ahora está imposibilitado porque no le fue asignado presupuesto para llevar a cabo estas modalidades de voto, lamentable, en una democracia constitucional.
“Naturalmente, son las personas en prisión preventiva las primeras interesadas en participar en esta elección judicial, precisamente por la situación jurídica que tienen frente a la ley. Este Instituto debió prever de mejor manera el resguardo de los derechos político y electorales de esta población, precisamente porque somos el único órgano constitucional autónomo garante de esos derechos humanos”, dijo la consejera Carla Humphrey.
Con información de Reforma
