La alta conflictividad registrada en Santa Cruz, la mayor región boliviana y motor económico del país, en lo que va de año, generó preocupación de los sectores productivos que denunciaron el daño millonario que dejaron unos 146 bloqueos de carreteras entre enero y agosto de 2023.
El privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), cuyo directorio agrupa a representantes de los sectores agropecuario, industrial, comercial, de servicios, turismo, exportación, importación y de despachos aduaneros, presentó un análisis sobre las afectaciones que dejaron estos conflictos en la economía regional.
El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, precisó que hubo “146 puntos de bloqueo y 163 días de perjuicio para la economía regional” registrados “entre enero y agosto del presente año”.
“El daño económico es cuantioso, pero la pérdida de imagen (es) irreparable”, advirtió.
El experto en comercio exterior recordó que hace unos días, el sector agroindustrial cruceño se reunió con autoridades nacionales y coincidieron en que el daño económico provocado por los bloqueos de las 2 carreteras entre Santa Cruz y la región central de Cochabamba ascendía a unos 10 millones de dólares por día.
El análisis del IBCE reveló “que el daño es mucho mayor”, ya que sólo las exportaciones e importaciones que se mueven por tierra entre ambas regiones en un día ascienden a 9.6 millones de dólares, a lo que se debe sumar “el lucro cesante que afecta a los agentes económicos”.
Según la institución, las afectaciones diarias que dejan los bloqueos en general a la región ascienden a unos 15.7 millones de dólares, con un promedio mensual es de 473.1 millones.
Rodríguez recordó que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) nacional al primer trimestre fue de “tan solo 2.3 %” y las exportaciones registraron un descenso de unos 1,800 millones de dólares en el primer semestre.
“¿No será que los bloqueos que se han sucedido en tal magnitud, 146 puntos de bloqueo afectando por 163 días la actividad en el baluarte económico de Bolivia, en la locomotora del desarrollo nacional, han contribuido a esta baja performance del PIB y a la caída de las exportaciones?”, cuestionó.
El gerente del IBCE señaló que “el daño es generalizado” y alcanza a productores, al comercio exterior, a transportistas, comerciantes, prestadores de servicios, consumidores y trabajadores.
Para Rodríguez, el más perjudicado es el país en pleno que, pese a tener “todas las condiciones para salir adelante”, va en retroceso por estas interrupciones “causadas por unos pocos que afectan a millones” de personas.
También advirtió que cuando las exportaciones no llegan a destino, se pierden mercados, mientras que si las importaciones disminuyen, pueden subir los precios en el mercado interno.
Rodríguez sostuvo que “el romper las cadenas de producción o de distribución debería ser considerado un delito”.
Sugirió a las autoridades evitar los conflictos y gestionarlos “con prontitud” cuando surjan, además de sancionar a quienes afecten los derechos al libre tránsito y al trabajo.
Los bloqueos de carreteras fueron hasta hace unos años una medida de presión aplicada sobre todo en La Paz por ser la sede del Gobierno y el Parlamento, ante lo cual muchas industrias migraron a Santa Cruz a principios del siglo XXI.
Sin embargo, en los últimos meses se volvieron comunes también en la región oriental, donde las principales demandas fueron la construcción de carreteras y en algunos casos, las autoridades departamentales vincularon a los manifestantes con el oficialismo.
