El pleno del Congreso peruano aprobó acusar e inhabilitar por 5 años a la exfiscal general Zoraida Ávalos para ejercer función pública debido a su decisión de suspender la investigación preliminar por delitos de corrupción contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), destituido en diciembre pasado por un fallido golpe de Estado.
El Parlamento aprobó, con 71 votos a favor, acusar constitucionalmente e inhabilitar a Ávalos por los presuntos delitos de omisión y rehusamiento o demora de actos funcionales.
En aplicación a lo dispuesto por el Reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política del Perú, indicó el Congreso en su cuenta de Twitter.
La exfiscal general fue investigada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso después de haber suspendido, en enero del año pasado, las investigaciones contra Castillo por los presuntos malos manejos en la licitación de obras de la entidad Provías, en una adjudicación de Petroperú y en los ascensos en las fuerzas armadas.
Ávalos ejerció su derecho a defensa en el pleno y aseguró que la denuncia “no tiene ningún sustento ni fundamento constitucional jurídico” porque se “pretende cuestionar mis decisiones jurídicas y desempeño funcional en base a pareceres de índole político”.
Recordó que ella fue la primera fiscal de la nación que abrió una investigación preliminar a un presidente en ejercicio, a Martín Vizcarra en 2020 por presunta corrupción, pero que tuvo que suspender el proceso, porque un mandatario en ejercicio no puede ser acusado durante su periodo, y de la misma forma tuvo que proceder con Castillo.
La exfiscal añadió que esta denuncia constitucional en su contra “fomenta el quebrantamiento constitucional” y que la decisión que adopten “tendrá un impacto directo en los destinos de nuestro régimen democrático”.
En ese sentido, expresó que una sanción como la que propone el Parlamento “contraviene la independencia y autonomía del Ministerio Público, componente esencial de la administración de justicia y todo un Estado de derecho”.
A fines del año pasado, Castillo debía responder ante el Parlamento por los casos que abrió investigación Ávalos, pero en su lugar el exmandatario anunció el 7 de diciembre el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial y un gobierno de emergencia, en lo que fue considerado un golpe de Estado y detenido por el presunto delito de rebelión.
