Una jueza federal vinculó a proceso a 4 excolaboradores de Silvano Aureoles, por presuntamente ocasionar un daño de más de 3,412 millones de pesos en la contratación de 7 cuarteles de la Policía Estatal de Michoacán.
Según publica Reforma en su edición digital, tras una audiencia de 21 horas y media, Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a los imputados por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Los procesados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración; J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo, exdelegados administrativos de la SSP de Michoacán.
“Los elementos del delito se encuentran acreditados a título de probabilidad. Cuando se usan recursos para una actividad distinta a la prevista, es un ilícito”, dijo la jueza.
“Los imputados dispusieron de recursos públicos para fines distintos a los que fueron previstos. La empresa contratada (para construir los cuarteles) no era propietaria de los inmuebles, los adquirió después del contrato”.
La juzgadora les fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, es decir, para que la Fiscalía General de la República y los defensores reúnan sus respectivos datos de prueba que presentarán en un eventual juicio.
La audiencia inició el jueves a las 11 de la mañana y concluyó este viernes a las 8:32.
A las 9 de la mañana horas la jueza Sánchez Nava inició una nueva audiencia para determinar si modificaba la medida cautelar a 3 de los procesados que pretendían llevar su procedimiento fuera de prisión, ya sea en prisión preventiva o en libertad provisional bajo distintas restricciones.
El único procesado que no pidió el cambio de medida cautelar, es Carlos Maldonado, el exsecretario de Finanzas de Michoacán.
Los excolaboradores de Aureoles, precisó Reforma, fueron procesados porque en 2016 presuntamente contrataron en forma ilegal el arrendamiento y adquisición de 7 cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3,412 millones 165 mil 310 pesos.
Estas estaciones de la policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V.
La juzgadora consideró que existen datos para suponer que estos contratos fueron irregulares, ya que el Gobierno estatal pagó cada uno de los cuarteles con sobreprecios, además de que los terrenos en que fueron construidos los cuarteles no eran propiedad de la empresa proveedora cuando recibió los contratos.
Con información de Reforma
