Alejandro Flores López, Secretario General de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán, expuso que las últimas 120 bases asignadas en el municipio han sido resultado de demandas de trabajadores de confianza, no de sindicalizados, lo que ha generado una carga financiera millonaria para las arcas municipales.
“Tenemos 15 años con el programa de supernumerarios y ninguno ha demandado ni ha sido basificado por capricho. Los compañeros siguen un proceso: se jubila alguien y el supernumerario ocupa la base, pero nunca ha sido mediante demandas ni a capricho”, aseguró Flores López, desmintiendo las versiones que responsabilizan al sindicato de fomentar esas demandas.
Según el dirigente sindical, las administraciones municipales han permitido un incremento desmedido en la creación de plazas sin considerar las consecuencias económicas. “Las últimas 120 bases nuevas en Tecomán son resultado de las decisiones de los presidentes municipales. Estas plazas se ganan por demandas, y no quieren entender las repercusiones que esto tiene”, afirmó.
Flores López destacó que ese esquema ha tenido un alto costo para el municipio. Señaló que los pagos por horas extras oscilan entre 800 y 900 mil pesos, mientras que las demandas laborales representan un gasto de entre 2.5 y 3.5 millones de pesos. “¿Ese es el modelo eficiente? Paga el pueblo. Debería legislarse para que, si se demuestra que fue por irresponsabilidad de un presidente municipal o de algún funcionario, el costo se cobre de su patrimonio personal”, propuso.
El líder sindical también criticó que esas contrataciones sean “producto de compromisos políticos” y no de una necesidad real. “Si metes a un trabajador por compromiso político, después te demanda y se generan deudas millonarias que paga el pueblo”, señaló.
Flores López recordó que, en el pasado, los presidentes municipales eran quienes cuidaban el presupuesto, mientras que el Sindicato era percibido como exigente. Sin embargo, aseguró que ahora es su organización sindical quien está preocupado por el manejo adecuado de los recursos públicos. “Antes, los presidentes cuidaban el dinero y el sindicato era el villano. Ahora, somos nosotros quienes nos preocupamos por evitar que desaparezcan los recursos”.
Finalmente, hizo un llamado a frenar esa práctica y reformar la ley para que las decisiones irresponsables de las autoridades no sigan afectando a los ciudadanos. “Como paga el pueblo, y el pueblo es generoso, la pachanga sigue. Pero ya basta, esto debe terminar”, concluyó.
