El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, negó la existencia de violaciones a los derechos humanos de los 200 migrantes, entre ellos 81 menores, de diversas nacionalidades que este país recibió desde Estados Unidos en febrero pasado.
“Todo el ordenamiento jurídico costarricense incluyendo las disposiciones de refugio y de asilo tienen vigencia”, declaró André en una comparecencia ante el Congreso a la que se le convocó para que se refiriera al acuerdo con Estados Unidos para la recepción de migrantes deportados y su posterior repatriación.
El canciller dijo que el acuerdo con Estados Unidos es “de buena fe”, con “ánimo de cooperación” y “solidaridad”, en el cual Costa Rica se comprometió a brindar la ayuda humanitaria y Estados Unidos a correr con los costos de su estadía y de su repatriación a sus países o a una tercera nación segura.
“Costa Rica es un país serio, coherente y ordenado en su político exterior. Estamos asumiendo la responsabilidad de atender a estas familias y les estamos garantizando su retorno ordenado y seguro a su país de origen o destino final”, apuntó el ministro.
Según el canciller, de los 200 migrantes recibidos, 69 personas ya regresaron a sus países, 34 están en proceso de retorno pronto y está pendiente el proceso para 97. Ninguno ha solicitado asilo o refugio.
En febrero pasado Costa Rica recibió 2 vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos, en los cuales viajaron 200 personas en total originarios de Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
El Gobierno costarricense ha informado que el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos proporciona fondos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la ayuda humanitaria y atención a estas personas.
El canciller André enfatizó en que Costa Rica ha asegurado “el trato humanitario que estas personas merecen” facilitando servicios médicos, alimentarios y de hospedaje.
Los migrantes fueron enviados al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) ubicado en el sur del país, zona fronteriza con Panamá, donde las autoridades no les permiten movilizarse fuera de las instalaciones por motivos de seguridad, según ha indicado el Gobierno.
