El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) reapareció este jueves ante el tribunal que le juzga por rebelión en el fallido golpe de Estado de 2022, tras haberse ausentado en las últimas audiencias por problemas de salud.
Al inicio de la sesión, Castillo se negó a identificarse en 3 ocasiones, reiteró que rechaza el juicio y mostró signos de dolor por las dolencias que padece.
Poco después, una funcionaria de juzgado leyó un informe médico, firmado este miércoles, en el que profesionales de la salud confirmaron que el exmandatario sufre “gastritis crónica reagudizada” y “lumbalgia aguda”, por lo que está recibiendo un analgésico intravenoso.
Los representantes del Ministerio Público en la sala pidieron que Castillo sea examinado por un médico legista, debido a los “antecedentes del caso”, con el previo consentimiento del exmandatario, que aceptó someterse al reconocimiento.
Del mismo modo, la defensa del expresidente solicitó a la jueza que sea examinado para saber cuál es su estado de salud.
Minutos después, el equipo médico informó que Castillo se encuentra “clínicamente estable”, pero sufre una “lumbalgia crónica regularizada” por su antecedente de hernias, una gastritis crónica reagudizada, tratada con la medicación respectiva, síndrome vertiginoso y mareos.
Detallaron que es posible que sea necesario someterle a una endoscopia a futuro y que, por su lumbalgia crónica, puede permanecer en la audiencia, pero no por “muchas horas”, puesto que permanecer sentado “agrava la situación”.
En la última audiencia, realizada este martes, el tribunal anunció que el exmandatario comunicó a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) “la negativa” de salir de su celda para acudir a la sesión, que se celebra en una sala especial del penal de Barbadillo, la instalación en la que se encuentra recluido.
Entre otros testigos, en esta séptima audiencia declarará el exministro de Trabajo Alejandro Salas, que ocupaba dicho cargo el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo dio el mensaje a la nación en el que ordenó cerrar el Congreso, intervenir el sistema de Justicia, y anunció la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.
En las últimas sesiones han dado su testimonio altos puestos policiales y militares y directivos del canal estatal TV Perú, que retransmitió en vivo en mensaje a la nación.
La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo, a quien acusa de rebelión el 7 de diciembre de 2022, cuando ordenó cerrar el Congreso y el sistema judicial, además de anunciar la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.
